Keiko Fujimori asume la presidencia en un país dividido

Veintiséis años después de la caída del régimen de su padre, Keiko Fujimori asume este martes la presidencia de Perú. Su llegada al Palacio de Gobierno se concreta en su cuarto intento electoral tras imponerse por un estrecho margen de menos de medio punto (unos 49 mil votos) sobre el candidato progresista Roberto Sánchez, quien denunció irregularidades en el recuento del voto en el extranjero.

El triunfo de la líder de Fuerza Popular se cimentó fundamentalmente en la capital, Lima, y en la votación en el exterior, mientras que enfrenta un contundente rechazo en el interior del país. En las regiones del sur andino, históricamente las más postergadas, la desaprobación a la electa mandataria roza el 80%.

Un gabinete neoliberal y pro-Estados Unidos

En la víspera de su juramentación, Fujimori confirmó los primeros nombres que integrarán su equipo de gobierno. En la Jefatura de Gabinete, asumirá su primer vicepresidente, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y hombre de su círculo más íntimo. En el Ministerio de Economía, estará a cargo Elmer Cuba, un economista de perfil neoliberal con históricos vínculos con el fujimorismo.

En la cancillería, la cartera diplomática será conducida por el periodista Carlos Espá, exdirector de comunicaciones en la embajada de Estados Unidos y alineado con sectores ultraconservadores, lo que ratifica un alineamiento irrestricto con la política exterior de Washington.

A la ceremonia de traspaso de mando asistirán referentes de la derecha y ultraderecha de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei —a quien Keiko ha calificado como un modelo a seguir—, además de los mandatarios de Chile (José Antonio Kast), Bolivia (Rodrigo Paz), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña) y Panamá (José Raúl Mulino). También dirán presente el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el rey Felipe VI de España.

Poder dividido y resistencia en las calles

El nuevo régimen fujimorista desembarca en el Ejecutivo tras haber consolidado en los últimos años un fuerte control sobre organismos clave como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia a través de sus alianzas parlamentarias. Sin embargo, el escenario legislativo que surge de los recientes comicios muestra un Congreso dividido. 

En el Senado, la nueva gestión tendrá apoyo del partido Renovación Popular y la deserción de un legislador opositor, el fujimorismo logró quedarse con la presidencia de la Cámara alta a través de Miguel Torres, ubicando un alfil clave en la línea de sucesión. 

En Diputados, la oposición agrupada en el denominado "bloque democrático" logró imponerse y se quedó con la mesa directiva de la Cámara baja, donde ostenta 74 de las 130 bancas.

Mientras tanto, familiares de víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori y de las recientes protestas sociales se movilizaron en Lima para rechazar el nuevo gobierno. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron su temor ante leyes de amnistía y prescripción de delitos de lesa humanidad impulsadas desde el Parlamento, advirtiendo sobre el riesgo de un retroceso democrático y la instauración de una nueva era de impunidad en el país.

Control institucional

El fujimorismo llega a la presidencia cuando está controlando en casi su totalidad el sistema de justicia: tiene bajo su control el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que nombra y destituye jueces y fiscales, y desde la JNJ avanza para someter lo que queda de independencia en el Poder Judicial. 

Cuenta con amplia mayoría parlamentaria que formó con sus aliados, coalición conocida como “el pacto mafioso”, que tomó el control político del país luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. 

Desde esa mayoría parlamentaria, el fujimorismo ha promulgado leyes a favor de la impunidad de la corrupción política y para los represores acusados de violaciones a los Derechos Humanos, para quienes ha dado una ley de amnistía, una norma de prescripción de los crímenes de lesa humanidad y otra para que los delitos de policías y militares pasen al fuero castrense. 

El autoritarismo fujimorista tiene que ver no solamente con los fantasmas de la dictadura de su fundador, sino también con la trayectoria política de Keiko Fujimori. Con el control directo que ahora asume de la presidencia del país, se abre el escenario para la toma del poder absoluto por el fujimorismo y una profundización del proyecto autoritario y ultraconservador que ha puesto en marcha desde el Congreso. 

Rechazo social

Familiares de las víctimas de la dictadura de Fujimori, de la violencia del Estado durante el conflicto armado interno que estalló en 1980 con un saldo de cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos, y de la represión reciente, como la del gobierno de Dina Boluarte, se han movilizado para denunciar el autoritarismo y la impunidad que representa el fujimorismo. Demandan la derogatoria de las leyes de impunidad para violadores de Derechos Humanos. 

Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta secuestrados y asesinados en 1992 por el Grupo Colina, destacamento militar que operó como un escuadrón de la muerte bajo órdenes de Alberto Fujimori, señaló que reciben al gobierno de Keiko Fujimori “con temor, porque el fujimorismo es una mafia política muy autoritaria y eso nos pone en riesgo, pero igual vamos a seguir luchando, y también con indignación”. 

Rechazó un posible diálogo de los familiares de las víctimas con el nuevo gobierno. “Jamás vamos a dialogar con Keiko Fujimori, ella fue parte del gobierno asesino y corrupto de su padre que acabó con la vida de nuestros familiares, fue la primera dama de la dictadura cuando sacaron a su madre después que denunció los crímenes que se cometían. Y reivindica esa dictadura. Ella señala ahora que es necesaria la reconciliación, pero con su poder en el Congreso ha dado leyes que nos arrebatan nuestros derechos a la verdad y a la justicia. No puede haber reconciliación cuando no hay justicia. No es posible una democracia donde se impongan el olvido y la impunidad”. 

El fujimorismo defiende a los represores del pasado y del presente. Respaldó la brutal represión del gobierno de Dina Boluarte contra las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, que dejó medio centenar de muertos. En el Congreso protegió a Boluarte. Uno de los muertos en esas protestas fue el hermano de Milagros Samillán, asesinado por un balazo disparado por la policía cuando atendía a un herido durante la represión a las manifestaciones en la ciudad de Juliaca, en el sur andino del país.