La Armada hizo una purga por un multimillonario caso de corrupción

La Armada Argentina apartó de sus funciones a nueve integrantes del personal militar —ocho capitanes de corbeta y un suboficial— tras la presentación de una denuncia penal por un esquema de corrupción y presunta estafa en la liquidación de sueldos y viáticos.

La maniobra fraudulenta, que asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos e involucraría a 23 personas entre militares y civiles, consistía en la adulteración de recibos de haberes e inclusión de gastos falsos en las asignaciones de viáticos para el personal que viajaba al exterior.

La medida fue dispuesta por el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, quien pasó a disponibilidad al personal involucrado para aplicarles el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. A través de un comunicado emitido por la fuerza dependiente del Ministerio de Defensa, se confirmó que el apartamiento "tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado", en el marco de las actuaciones iniciadas por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes.

Las actuaciones administrativas y judiciales tuvieron su origen en una investigación interna que sacó a la luz maniobras irregulares en las acreditaciones registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto inicial contabilizado de forma directa en cerca de $938 millones.

Entre los uniformados pasados a disponibilidad se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada, debido a que su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las principales beneficiarias de los pagos indebidos tras haber percibido $152,2 millones mediante 46 acreditaciones en su cuenta bancaria.

La causa se tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, donde también se investiga a personas ajenas a la fuerza naval que percibieron sumas millonarias sin justificación. En el expediente figuran Andrés Santana, quien cobró $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, con $91,9 millones recibidos; y Natalia Carolina Yahia, quien percibió $90,4 millones.

Tras la difusión del caso, la Armada Argentina remarcó su "política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre".