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País > Amenazas

La fiscal que descubrió un plan para matarla cuestionó los celulares en cárceles

María Paula Hertrig se apartó de una investigación luego de encontrar fotos de su casa y datos de su familia entre los elementos secuestrados.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La fiscal María Paula Hertrig quedó bajo custodia reforzada. (Gentileza)

Una investigación por una serie de entraderas en Boulogne terminó revelando un presunto plan para atacar a la fiscal que llevaba adelante la causa. María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, descubrió que dos detenidos vinculados a la banda investigada tenían fotografías de su casa, teléfonos de sus familiares y datos sobre sus vehículos.

Tras conocer esa información, la funcionaria denunció la situación y decidió apartarse de la investigación principal. En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Hertrig contó detalles del caso y apuntó especialmente contra el uso de celulares dentro de las cárceles.

“Hay que hacer algo para que no tengan acceso a los teléfonos”, sostuvo la fiscal, quien cuestionó que los dispositivos permitan que personas privadas de su libertad mantengan comunicaciones con integrantes de organizaciones delictivas que están fuera de los penales.

Cómo descubrieron el presunto plan

La causa había comenzado a partir de una entradera ocurrida en Boulogne. Para identificar a los responsables, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, antenas de telefonía y el recorrido de teléfonos celulares robados durante el hecho.

Ese seguimiento llevó hasta un estacionamiento ubicado en Tigre, donde se realizó un allanamiento. Allí encontraron una computadora que contenía una copia de seguridad de un teléfono celular con mensajes, audios y fotografías.

El material permitió reconstruir parte del funcionamiento de una organización vinculada, según la investigación, con entraderas y otros robos cometidos desde 2021. También aparecieron comunicaciones entre personas que estaban en libertad y otras que permanecían detenidas.

Entre los archivos encontrados surgieron datos relacionados con Hertrig. Había fotografías de la fachada de su vivienda, números de teléfono de ella, de su padre y de su pareja, además de información sobre sus vehículos.

Los investigadores también detectaron conversaciones en las que los sospechosos analizaban la posibilidad de involucrarla falsamente en la organización y mencionaban un eventual ataque cuando saliera de su casa. 

La fiscal se apartó de la causa

Después de conocer el contenido de esas comunicaciones, Hertrig presentó una denuncia y dejó de intervenir en la investigación principal. El expediente en el que figura como víctima quedó a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

La funcionaria explicó que su decisión estuvo relacionada con su obligación de actuar con objetividad. “Como fiscal, la ley marca que tengo deber de actuar con objetividad”, señaló durante la entrevista.

La investigación continuó con nuevos allanamientos en unidades penitenciarias. En esos procedimientos fueron secuestrados teléfonos que serán analizados para determinar el alcance de las comunicaciones y si existieron otras personas involucradas.

Hertrig aseguró que el problema no se limita al episodio que la tuvo como blanco. Según explicó, durante distintos procedimientos se encontraron teléfonos en poder de detenidos y consideró que estos dispositivos pueden facilitar la continuidad de actividades delictivas desde las cárceles.

“Creo que al día de hoy ellos de nuevo tienen celular”, afirmó al referirse a los acusados. 

Una causa que terminó revelando otra trama

El caso comenzó con el análisis de una banda dedicada presuntamente a cometer entraderas y terminó exponiendo comunicaciones entre detenidos y personas que permanecían en libertad.

A partir de los elementos encontrados, la Justicia pudo detectar que los sospechosos conocían información personal de la fiscal y que, según la investigación, habían considerado distintas formas de atacarla.

La custodia de Hertrig fue reforzada como medida preventiva y el expediente que investiga las amenazas quedó en manos de otro funcionario judicial.

La fiscal reconoció que la situación le genera preocupación, especialmente por el impacto que puede tener sobre su entorno familiar, aunque sostuvo que las amenazas forman parte de las consecuencias de la tarea que desarrolla diariamente. 

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