La Justicia Federal deberá resolver un amparo por las clases en los colegios preuniversitarios

Un grupo de padres de estudiantes de los colegios preuniversitarios presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para solicitar que se garantice el dictado de clases y se establezcan medidas para recuperar los días perdidos por las medidas de fuerza docentes. Así lo confirmó el abogado Mariano Domínguez, en Radio Sarmiento, quien representa a las familias que impulsaron la presentación.

Según explicó el letrado, el planteo sostiene que el conflicto afecta el derecho a la educación de los alumnos. En ese sentido, señaló que distintas normas nacionales establecen un mínimo de entre 180 y 190 días de clases efectivos y afirmó que los estudiantes de los colegios preuniversitarios acumulan actualmente 38 jornadas sin actividad como consecuencia de las medidas de fuerza.

“Lo que se ha presentado es un amparo en la modalidad de amparo colectivo, entendiendo que hay un colectivo, en este caso los alumnos de los colegios preuniversitarios, que tienen afectado un derecho: el acceso a la educación”, explicó Domínguez.

El abogado aclaró que la presentación no busca cuestionar el derecho de los docentes a reclamar por sus condiciones laborales ni su derecho a realizar medidas de fuerza. El planteo de las familias apunta, según explicó, a establecer límites cuando el ejercicio de un derecho termina afectando a terceros.

“No se está cuestionando la legitimidad del derecho de los docentes a su salario y el derecho a ejercer la protesta legítima. No obstante, lo que se plantea es que todos los derechos tienen que ser ejercidos con alguna medida, no de forma absoluta, y que cuando estas medidas afectan el derecho de terceros, en este caso los alumnos, es necesario poner algún límite”, sostuvo.

En ese marco, Domínguez remarcó que el planteo no considera que un derecho esté por encima del otro, sino que busca que ambos puedan ejercerse sin que uno impida el cumplimiento del otro. “No es que un derecho sea superior a otro, el punto es en qué medida se ejercen estos derechos”, explicó.

El amparo también hace referencia a la normativa laboral recientemente modificada, que contempla un funcionamiento mínimo del 75% para actividades consideradas esenciales, entre las que se encuentra la educación. El abogado indicó que esa normativa fue cuestionada judicialmente, aunque sostuvo que los planteos realizados en el fuero federal fueron rechazados en instancias superiores y que, desde su interpretación, la disposición continúa vigente.

Una cautelar y un plan para recuperar las clases

Junto con el amparo colectivo, los padres solicitaron una medida cautelar. Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar el pedido y, eventualmente, darle traslado a la Universidad Nacional de San Juan para que formule su respuesta.

“Está en estos momentos en la decisión del juzgado que provea la cautelar y corra traslado a la universidad para que conteste”, señaló Domínguez.

En caso de que el juez haga lugar a la medida cautelar, esta podría disponer la suspensión de futuras medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios, aunque el abogado aclaró que el planteo está circunscripto exclusivamente a esas instituciones.

Otro de los puntos centrales de la presentación es la recuperación de los días de clase perdidos. Según explicó Domínguez, se solicitó que se adopten medidas para evitar que continúe la pérdida de jornadas y que se establezca un mecanismo que permita recuperar el dictado de contenidos.

“Es el centro de lo solicitado, que se tomen medidas para evitar que se siga vulnerando y recuperar los días de clase”, afirmó.

La definición sobre cómo recuperar las jornadas quedaría, en principio, en manos de la universidad, de acuerdo con el desarrollo que tenga la causa y con las medidas que eventualmente determine la Justicia.

Respecto de los comentarios de algunos padres sobre supuestas presiones hacia estudiantes por la pérdida de clases, el abogado indicó que esas situaciones no fueron incorporadas inicialmente al amparo debido a que, hasta el momento, fueron comunicadas como casos particulares y no como una situación generalizada.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y las familias todavía aguardaban, al momento de la entrevista, conocer qué juzgado tendrá a su cargo el expediente.