La Rioja promulgó la ley que reclama a San Juan el territorios clave

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó la Ley N° 10.876, una norma que ratifica el reclamo territorial de esa provincia sobre áreas actualmente bajo jurisdicción de San Juan y habilita acciones políticas y judiciales para avanzar con esa pretensión. Justamente, las zonas que La Rioja reclama abarcan importantes proyectos mineros como Lunahuasi y Vicuña.

La legislación cuestiona los límites fijados por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968, que estableció la actual delimitación entre San Juan y La Rioja. Desde el gobierno riojano sostienen que esa definición perjudicó a la provincia y plantean la necesidad de revisar el trazado vigente.

Quintela confirmó la promulgación a través de su cuenta de X. "Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta", publicó.

La norma faculta al Ejecutivo riojano a impulsar gestiones ante el Congreso de la Nación y distintos organismos judiciales, incluida la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

El conflicto involucra sectores cordilleranos con recursos naturales y actividad minera. En ese contexto, Vicuña ocupa un lugar central. El proyecto se desarrolla cerca del límite entre ambas provincias y concentra una de las mayores inversiones anunciadas para la minería argentina.

La respuesta de San Juan ya había llegado semanas atrás. El gobernador Marcelo Orrego afirmó el 19 de junio que los límites provinciales se encuentran plenamente vigentes y que no existe margen para discutir la pertenencia de esos territorios.

"Nuestra jurisdicción no está en discusión", sostuvo el mandatario. Además, remarcó que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una delimitación territorial establecida por una ley nacional.

Orrego ya había rechazado planteos similares en noviembre de 2025 y volvió a defender la jurisdicción sanjuanina este año. En aquella oportunidad recordó que el límite entre ambas provincias fue fijado por la Ley Nacional 18.004 y que lleva más de medio siglo de aplicación.

La Cámara Minera de San Juan también se pronunció sobre el tema. En un comunicado difundido el 20 de junio, sostuvo que la provincia construyó una reputación basada en la seguridad jurídica, la previsibilidad y la continuidad de políticas de Estado que permitieron atraer inversiones y generar empleo.

La entidad advirtió además que los proyectos mineros requieren marcos normativos estables debido a los altos niveles de inversión y los extensos plazos de desarrollo.

Por su parte, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó recientemente una declaración de rechazo al reclamo riojano y ratificó la vigencia de los límites establecidos por la Ley Nacional 18.004.

Según datos difundidos por Vicuña en mayo de 2026, el proyecto cuenta con 522 trabajadores directos y 2.150 empleos indirectos. Del total de empleados directos, el 77% son sanjuaninos y el 72% de toda la dotación reside en la provincia.