Los comercios sanjuaninos podrán acceder a habilitaciones más rápidas y digitales

La nueva forma de tramitar habilitaciones comerciales, industriales y de servicios en San Juan entra en una etapa decisiva. A más de tres meses de la aprobación de la ley que creó un sistema único para simplificar y digitalizar los procedimientos, el próximo paso será completar su reglamentación y avanzar en la implementación con los municipios, que seguirán teniendo la facultad de otorgar las habilitaciones definitivas.

El secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, viene trabajando junto con distintas áreas del Gobierno provincial en la puesta en marcha del esquema, que apunta a resolver uno de los reclamos históricos de comerciantes, emprendedores e industriales: la cantidad de trámites y el tiempo necesario para conseguir los certificados previos a la apertura de un establecimiento.

Cuando la norma fue sancionada en julio, desde el Ministerio de Producción estimaron que la reglamentación podía demandar entre tres y seis meses. Con ese plazo ya en marcha, los próximos meses serán fundamentales para terminar de definir cómo funcionará operativamente la herramienta.

De varios meses a plazos de hasta 30 días

Uno de los principales cambios será el tiempo que deberá esperar quien busca poner en funcionamiento una actividad económica.

El esquema anterior podía demandar alrededor de seis meses para completar los distintos certificados provinciales. Con el nuevo régimen, las dependencias que deban intervenir tendrán plazos establecidos y, para los procedimientos contemplados dentro del régimen general agilizado, deberán responder dentro de los 30 días hábiles.

El objetivo es evitar que cada interesado deba realizar gestiones independientes ante diferentes organismos provinciales y permitir que el seguimiento se concentre mediante una ventanilla digital.

Sin embargo, la puesta en marcha plena no depende únicamente de una plataforma. También será necesaria la reglamentación de los procedimientos, la coordinación entre las áreas involucradas y la incorporación de los municipios al nuevo esquema.

Qué cambiará para los comercios más pequeños

La ley establece un régimen específico simplificado destinado principalmente a establecimientos de hasta 300 metros cuadrados y actividades consideradas de bajo riesgo.

En esos casos, una declaración jurada técnica elaborada por un profesional habilitado podrá reemplazar distintos certificados provinciales que actualmente deben obtenerse por separado.

El profesional asumirá la responsabilidad de verificar aspectos vinculados con las condiciones edilicias, la seguridad y otros requisitos técnicos. De esta manera, el Estado mantendrá las facultades de control, pero parte del procedimiento previo podrá resolverse de una manera más rápida.

La constancia tendrá una vigencia mayor y el trámite estará pensado para desarrollarse de manera digital.

Para establecimientos de mayor superficie o actividades que, por sus características, impliquen mayores riesgos, los controles continuarán siendo más exhaustivos. La diferencia estará en la digitalización del expediente y en los plazos que tendrán los organismos para responder.

Los municipios tendrán un papel clave

La nueva normativa provincial no reemplaza a las municipalidades. Son los municipios quienes conservan la competencia para entregar la habilitación comercial definitiva.

Por eso, uno de los puntos fundamentales para determinar cuándo podrá utilizarse efectivamente el nuevo sistema en toda la provincia será conocer qué departamentos adhieren y de qué forma integran sus procedimientos a la plataforma provincial.

Esto significa que la implementación podría no ser idéntica ni simultánea en los 19 departamentos si los procesos de adhesión avanzan a ritmos diferentes.

La intención del Gobierno es que la herramienta permita unificar criterios y reducir la cantidad de pasos que actualmente existen entre organismos provinciales y municipales.

El cambio que espera el sector privado

La reforma surgió a partir de planteos realizados durante años por cámaras empresarias, comerciantes, industriales y emprendedores que reclamaban reducir la burocracia necesaria para iniciar o regularizar una actividad.

Con la ley ya aprobada, la discusión pasa ahora de lo legislativo a lo concreto: cuándo estará reglamentada, qué municipios estarán incorporados desde el comienzo y desde qué momento un sanjuanino que quiera abrir un negocio podrá utilizar efectivamente el nuevo procedimiento.

Si la implementación logra cumplir los objetivos previstos, el cambio será significativo: pasar de recorridos por distintas oficinas y meses de espera a un esquema centralizado, digital y con plazos definidos para que el Estado dé una respuesta.