Mendoza publicó el protocolo de consulta previa para proyectos mineros

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza publicó la versión definitiva del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) para proyectos mineros. El nuevo texto incorpora las modificaciones surgidas de las mesas de diálogo intercultural y de los aportes realizados por comunidades indígenas de toda la provincia.

"Este es el resultado de un proceso participativo desarrollado durante más de un año junto a comunidades indígenas de toda la provincia. La participación de los distintos actores con variados aportes productivos permitieron fortalecer este instrumento", destacó el coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, Javier Frías.

La nueva versión del protocolo consolida las modificaciones incorporadas a partir de las observaciones y propuestas formuladas durante las distintas instancias de diálogo intercultural impulsadas por la Autoridad Minera, en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento Minero de Mendoza, que prevé la implementación de un procedimiento de consulta previa cuando un proyecto pueda afectar directamente a comunidades indígenas con personería jurídica.

El proceso de revisión comenzó luego de que la Organización Identidad Territorial Malalweche presentara un recurso administrativo contra la primera versión del protocolo, aprobada en 2025. A partir de ello, el Ministerio de Energía y Ambiente decidió abrir una instancia de revisión participativa para enriquecer el instrumento con los aportes de las propias comunidades.

Durante ese proceso se desarrollaron mesas de diálogo intercultural en Mendoza y Malargüe, instancias de deliberación, períodos de recepción de observaciones y reuniones presenciales y virtuales, con la participación de representantes de comunidades indígenas de distintos puntos de la provincia, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), integrantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), la Dirección de Derechos Humanos, Fiscalía de Estado y otros organismos provinciales y nacionales, además de organizaciones y veedores especializados.

Entre las principales modificaciones incorporadas al Protocolo se encuentra el principio de flexibilidad, que permite adaptar el procedimiento a las características territoriales, culturales y organizativas de cada comunidad indígena. También se ampliaron los plazos previstos para las distintas etapas del proceso, con la posibilidad de establecer prórrogas debidamente fundamentadas.

El nuevo texto prevé la participación de facilitadores, intérpretes, mediadores interculturales, veedores y apoyos técnicos especializados, con el objetivo de garantizar la comprensión de la información y una participación efectiva durante todo el proceso de consulta. Además, habilita la realización de las mesas de diálogo en modalidades presenciales, híbridas, descentralizadas o itinerantes, favoreciendo el acceso y la participación de las comunidades.

El protocolo también incorpora una regulación más precisa de las etapas de deliberación comunitaria y de la forma en que cada comunidad podrá expresar su voluntad de acuerdo con sus propios mecanismos de organización. Finalmente, suma nuevos principios y definiciones orientados a fortalecer la buena fe, la transparencia, la adecuación cultural del procedimiento y el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

"El procedimiento de revisión se desarrolló respetando los estándares previstos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la legislación provincial, garantizando un proceso amplio, transparente e intercultural", concluyó Frías.

El avance de Mendoza en la materia es un antecedente relevante para San Juan, donde también se viene discutiendo el abordaje de la consulta a comunidades indígenas en el marco de los proyectos mineros.