Nancy Godoy había denunciado el estado de abandono de la escuela donde trabajaba

Dos meses antes de ser asesinada, Nancy Ester Godoy, una docente rural de 52 años, presentó una carta en la que denunció las graves condiciones edilicias y las irregularidades que encontró en la Escuela Primaria Común N.º 626 del paraje El Malezal, en la zona rural de Esquina, Corrientes. El documento, fechado el 15 de agosto de 2026 y acompañado por firmas de padres y vecinos, expuso una situación de abandono que afectaba tanto a la maestra como a los ocho alumnos del establecimiento.

Tras el hallazgo de su cuerpo el miércoles 28 de octubre, la denuncia volvió a cobrar relevancia y abrió interrogantes sobre las medidas que adoptaron las autoridades educativas después de recibir el reclamo. Según la información publicada por ANRed, hasta el momento el Ministerio de Educación de Corrientes no había brindado respuestas sobre las actuaciones realizadas a partir de esa presentación.

En la carta, Godoy describió un edificio deteriorado, sin agua y con baños inutilizables. También advirtió sobre rajaduras en las paredes, ventanales rotos, humedad y un techo del que caían tierra y suciedad acumuladas por la presencia de roedores y murciélagos. La situación era tal que necesitó dos días de limpieza para dejar las instalaciones en condiciones mínimas de uso.

La falta de agua la obligaba a conseguirla de un vecino o de una laguna para limpiar los pisos. Los pupitres estaban sucios, había libros mojados y no existían muebles adecuados para guardarlos. Además, señaló que no encontró registros ni documentación escolar correspondientes a 2024, 2025 y 2026.

Las denuncias sobre el funcionamiento de la escuela

El reclamo también apuntaba a presuntas irregularidades en la asistencia del director titular. Según consignó Godoy, los padres y vecinos le habían manifestado que el docente llevaba entre dos y tres años sin concurrir regularmente a dar clases. Cuando ella recibió las llaves del establecimiento, le dijeron que hacía un mes que no asistía.

Godoy había asumido como directora suplente mientras el titular se encontraba de licencia. En esas condiciones, además de enseñar, se ocupaba de tareas de limpieza y cocina.

La docente resumió la situación en un audio enviado a una compañera, que luego se difundió públicamente: “Era una escuela fantasma, con alumnos fantasmas”. La frase reflejaba su preocupación por la continuidad educativa de los niños que dependían de la institución.

La precariedad también afectaba sus condiciones de trabajo. Debido al estado del edificio, no podía quedarse a dormir en la escuela y debió alojarse durante tres noches consecutivas en la vivienda de María Rosa Leguizamón, una mujer que posteriormente quedó involucrada en la investigación por el crimen.

Una escuela dentro de una estancia privada

La Escuela N.º 626 funcionaba dentro de la estancia El Curupí, un establecimiento rural de aproximadamente 12.000 hectáreas. Para llegar, Godoy debía trasladarse hasta el acceso al predio, continuar en camioneta hasta un puesto y luego recorrer a caballo entre dos horas y media y tres horas, atravesando arroyos, lagunas y terrenos anegados.

Las lluvias podían volver intransitables los caminos y dificultar tanto la llegada como el regreso. El aislamiento convertía la permanencia en el lugar en una necesidad ocasional y obligaba a la docente a resolver por sus propios medios dónde pasar la noche.

Estas condiciones plantean interrogantes sobre los mecanismos de supervisión escolar, la seguridad de los trabajadores rurales y las garantías estatales para el acceso a la educación.

Del reclamo al femicidio

La cronología del caso comenzó a reconstruirse a partir de la carta del 15 de agosto. El último contacto conocido de Godoy con su familia ocurrió el 7 de octubre, cuando envió un mensaje desde la escuela. Debía regresar a su casa el viernes 9, pero no lo hizo ni volvió a responder el teléfono.

Su hijo Sebastián denunció la desaparición el 15 de octubre. Tras 21 días de búsqueda, el cuerpo fue encontrado el 28 de octubre en una zona de bañado y monte dentro de la estancia, en un sector de difícil acceso.

Por el crimen hay cinco personas detenidas. Entre ellas se encuentran los capataces Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales; María Rosa Leguizamón y su pareja, Sergio Nahuel Rojas, además de Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por presunto falso testimonio. Las responsabilidades individuales deberán establecerse durante el proceso judicial.

El caso también generó reclamos de organizaciones docentes y sindicatos, que exigieron justicia y cuestionaron la respuesta institucional ante la desaparición de la maestra.

Mientras la investigación judicial busca esclarecer las circunstancias del femicidio, la carta de Nancy Godoy deja planteada otra cuestión: qué hicieron las autoridades educativas ante las condiciones que la docente había denunciado por escrito y si hubo inspecciones o medidas concretas para corregirlas. La documentación expone irregularidades que requieren una explicación oficial, aunque por sí sola no permite establecer que una intervención educativa hubiera evitado el crimen.