Ordenaron reincorporar a 270 trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos

El Gobierno de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Granja Tres Arroyos y los trabajadores de su planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, y ordenó a la empresa reincorporar de manera inmediata a los empleados despedidos. Según informó la compañía, las desvinculaciones alcanzan a unos 270 trabajadores.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social provincial mediante la Resolución N.º 363/2026 STySS y tendrá una duración de 15 días hábiles. La disposición establece que la situación debe retrotraerse al estado previo a los despidos comunicados desde el viernes 7 de agosto. 

En ese marco, Granja Tres Arroyos fue intimada a reincorporar inmediatamente a los trabajadores despedidos desde las 00 del 7 de agosto y a abstenerse de tomar represalias contra el personal o la organización sindical.

A su vez, el sindicato y los trabajadores deberán dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y retomar las tareas de manera normal y habitual durante el período de conciliación. El incumplimiento de las disposiciones puede derivar en las sanciones previstas por la legislación laboral. 

Una audiencia clave para destrabar el conflicto

La Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto a las 12, en la sede del organismo, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná. Tanto la empresa como los representantes sindicales deberán asistir con facultades suficientes para avanzar en una negociación. 

El objetivo de la intervención provincial es evitar que el conflicto se profundice, preservar la paz social y generar un espacio institucional de diálogo entre la empresa y los trabajadores. 

Por qué despidieron a los trabajadores

El conflicto se originó por la decisión de Granja Tres Arroyos de desvincular a cientos de empleados de la planta La China. La empresa argumentó que atraviesa una grave disminución del trabajo, que atribuyó a circunstancias extraordinarias que afectaron su nivel de actividad. 

Entre los motivos mencionados por la compañía aparecen los brotes de influenza aviar y las restricciones para acceder a determinados mercados de exportación, además de una sobreoferta en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el aumento de los costos de explotación. Según la firma, este escenario provocó un fuerte deterioro de su situación económica y financiera.

Los sindicatos, en cambio, rechazaron los despidos y cuestionaron el accionar de la empresa. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay reclamaron preservar las fuentes laborales y denunciaron que algunos de los despedidos son delegados gremiales.

Además, los gremios señalaron que los trabajadores vienen soportando más de cinco quincenas de salarios atrasados, en un contexto de creciente incertidumbre para las familias afectadas. También cuestionaron que los despidos puedan profundizar una crisis que ya había paralizado la actividad de la planta. 

La planta está paralizada desde mayo

La situación de los trabajadores se agravó porque la planta La China permanece paralizada desde el 26 de mayo. La empresa había anunciado entonces el cierre por tiempo indeterminado y había atribuido la decisión a los conflictos gremiales que, según su postura, habían afectado las operaciones y la cadena de producción avícola de la región. 

En ese contexto, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis, implementó un programa de retiros voluntarios y comenzó a afrontar sus obligaciones de manera escalonada y en cuotas. 

El Gobierno entrerriano, mientras tanto, desplegó distintas medidas de asistencia para los más de 900 trabajadores afectados por la paralización. Entre ellas, entregó 1.900 módulos alimentarios y gestionó 825 solicitudes de subsidios de $200.000, cuyos pagos comenzaron y se prevé ampliar hasta alcanzar a 1.075 trabajadores. 

También se implementó una tarifa social de electricidad para 525 trabajadores durante dos bimestres y se gestionó una prórroga y refinanciamiento de la deuda de la empresa con Enersa. Además, se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para garantizar atención y medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al sindicato. 

La conciliación obligatoria abre ahora una instancia de negociación durante los próximos 15 días hábiles. El primer paso será la audiencia del 20 de agosto, donde empresa y trabajadores deberán buscar una salida al conflicto que mantiene paralizada una de las principales plantas avícolas de la región.