Organizaciones de Género rechazaron la anulación del protocolo ILE

Organizaciones que luchan por la legalización del aborto y los derechos de las mujeres emitieron esta noche un comunicado en rechazo a la decisión del gobierno nacional de revocar la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había sido publicada esta mañana en el Boletín Oficial. La Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), el Equipo Lantinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) emitieron esta tarde un comunicado conjunto en el que afirman que “el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo es el instrumento de política pública que da certeza a las mujeres y personas con capacidad de gestar, a los equipos de salud y a quienes toman decisiones dentro de los efectores del sistema sanitario respecto de los estándares de atención para garantizar el acceso a derechos contemplados en otras normas”. “El Protocolo aprobado por la Resolución 3158/2019 aclara, brinda certeza y actualiza de acuerdo a la última evidencia científica disponible y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los lineamientos y prestaciones que deben garantizarse ante la solicitud de un aborto, en los casos previstos por el Código Penal desde 1921”, resalta la nota. Las organizaciones firmantes sostuvieron que “esta actualización de la norma sanitaria incorpora aspectos relativos al consentimiento informado de niñas, adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la reforma del Código Civil y Comercial aprobada en 2015”. “Esta aprobación por resolución ministerial es una muestra del compromiso político de la máxima autoridad en materia de política sanitaria para clarificar lo que está vigente y dar pautas de actuación claras y precisas a los equipos de salud”, advierte el comunicado. Las organizaciones advierten que “desconocer la relevancia de las necesarias actualizaciones de los protocolos sanitarios por parte del órgano rector de las políticas sanitarias parece un sinsentido. La actualización incorpora la operacionalización del proceso de consentimiento informado para garantizar el derecho a ser escuchada, a la autonomía progresiva de adolescentes, a los derechos consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en general a los principios bioéticos que deben seguir las prácticas sanitarias”.