Padre e hijos deberán pagar más de $12.000.000 por atacar a un agente de la PSA

Un padre y sus dos hijos fueron condenados a pagar una indemnización superior a los $12.000.000 luego de atacar a un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La resolución judicial puso fin a un extenso proceso iniciado tras el violento episodio ocurrido cuando el efectivo intervenía en el cumplimiento de sus funciones dentro de la terminal aérea. 

Según determinó la Justicia, los tres hombres reaccionaron de manera agresiva ante una indicación realizada por el personal de seguridad y golpearon al agente, quien sufrió lesiones de consideración. Como consecuencia de la agresión, el efectivo debió recibir asistencia médica y atravesó un período de recuperación que incluyó secuelas físicas y psicológicas. 

Durante el juicio civil se analizaron informes médicos, pericias y testimonios que permitieron acreditar el daño sufrido por la víctima. Los magistrados concluyeron que existió responsabilidad directa de los agresores y ordenaron el pago de una compensación económica destinada a resarcir los perjuicios ocasionados. 

La indemnización contempla distintos conceptos, entre ellos daño físico, daño moral, tratamiento psicológico, gastos derivados de la atención médica y las consecuencias que el hecho tuvo sobre la vida cotidiana y laboral del agente. La suma total supera los 12 millones de pesos y deberá ser abonada por los tres condenados. 

El caso volvió a poner en foco las situaciones de violencia que enfrentan con frecuencia los trabajadores de seguridad aeroportuaria. La PSA es la fuerza encargada de prevenir delitos y garantizar la seguridad dentro de los aeropuertos argentinos, donde interviene ante conflictos que puedan afectar el normal funcionamiento de las terminales aéreas. 

Desde distintos sectores vinculados a la actividad aeroportuaria destacaron la importancia del fallo al considerar que envía un mensaje de respaldo institucional a quienes cumplen funciones de seguridad y control en espacios públicos estratégicos. También remarcaron que las agresiones contra agentes en ejercicio de sus tareas constituyen hechos graves que pueden derivar en sanciones penales y civiles. 

La sentencia aún puede ser objeto de revisiones procesales, pero representa un antecedente relevante en materia de responsabilidad civil por agresiones a personal de seguridad. Para la víctima, el fallo significa el reconocimiento judicial de los daños sufridos durante un episodio que alteró de manera significativa su vida personal y profesional.