Padres de preuniversitarios recurrirán a la Justicia por los días sin clases

Los padres de los colegios preuniversitarios de San Juan avanzan con una presentación ante la Justicia Federal para reclamar medidas que permitan garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases. Verónica Figueroa, representante de las familias, confirmó que ya cuentan con asesoramiento legal y estimó que el recurso podría presentarse durante esta semana o, a más tardar, la próxima.

La presentación se encuentra en etapa de definición, ya que los profesionales que asesoran a los padres analizan cuál es la vía judicial más adecuada. Según explicó Figueroa, las familias ya reunieron la documentación que consideran necesaria para respaldar el planteo, a partir de los reclamos realizados durante los últimos meses.

“Estimamos que durante esta semana, a lo sumo la próxima, eso podría ser posible”, señaló la representante de los padres, al referirse a los tiempos previstos para realizar la presentación.

Entre la documentación reunida se encuentran registros de las clases perdidas, comunicaciones recibidas por las familias, notas y reclamos presentados ante las autoridades, reuniones mantenidas con directivos y presentaciones realizadas ante la Defensoría. También incorporaron información relacionada con la situación actual de los colegios y la continuidad de las medidas que afectan el dictado de clases.

Reclaman un plan para recuperar los contenidos

Uno de los principales cuestionamientos de las familias está relacionado con la falta de precisiones sobre un plan de contingencia que permita recuperar las jornadas y contenidos que no pudieron desarrollarse con normalidad.

Figueroa estimó que los estudiantes de los colegios preuniversitarios acumulan 35 días de clases perdidos como consecuencia de las medidas que afectaron el dictado normal. La situación, sostuvo, adquiere mayor relevancia porque estos establecimientos cuentan con un calendario académico más acotado y habitualmente finalizan sus actividades antes de diciembre.

“Desde el día uno no tenemos claridad del plan de contingencia y cómo lo van a hacer”, afirmó. También planteó interrogantes respecto de qué porcentaje de los contenidos previstos para el ciclo lectivo pudo ser efectivamente dictado y cómo se garantizará el cumplimiento de los contenidos mínimos.

La representante de las familias sostuvo que, aun cuando en junio se había planteado una normalización de la situación, continuaron existiendo dificultades vinculadas con el desarrollo del calendario académico y la recuperación de las clases.

Cuestionamientos por el funcionamiento de las escuelas

Figueroa también se refirió a declaraciones de autoridades universitarias respecto de que las puertas de los establecimientos permanecen abiertas. Según afirmó, esa situación no implica que los estudiantes estén recibiendo clases con normalidad.

“Las puertas están abiertas, pero no hay gente dando clases, los chicos están solos”, manifestó.

En ese contexto, reclamó que se definan medidas concretas que permitan recuperar las jornadas perdidas y garantizar que los alumnos puedan avanzar en sus trayectorias educativas con los conocimientos correspondientes.

Denuncias por presunto adoctrinamiento

Durante la entrevista, la representante de los padres también planteó cuestionamientos por situaciones que las familias consideran de contenido político dentro de los colegios preuniversitarios.

Según su relato, durante el conflicto algunos docentes habrían utilizado espacios de clase para abordar cuestiones vinculadas con el financiamiento educativo y las políticas nacionales, en lugar de desarrollar los contenidos correspondientes a las materias. También afirmó que hubo casos en los que estudiantes habrían recibido comentarios relacionados con sus posiciones políticas.

Figueroa sostuvo que esta situación fue más marcada, según su conocimiento, en la Escuela Industrial, aunque también mencionó casos aislados en la Escuela de Comercio y la Escuela Central.

La representante aclaró que algunos padres realizaron denuncias ante los canales habilitados a nivel nacional durante el primer semestre. Según explicó, esa documentación fue incorporada al expediente que las familias vienen reuniendo.

En ese sentido, cuestionó que los estudiantes queden expuestos a discusiones políticas en espacios que deberían estar destinados prioritariamente a la formación académica y al desarrollo del pensamiento crítico.

El objetivo: garantizar el derecho a estudiar

Más allá de los cuestionamientos sobre el conflicto docente, Figueroa insistió en que el planteo central de las familias apunta a garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.

Los padres esperan que la presentación judicial permita resguardar el calendario académico y establecer mecanismos concretos para recuperar las clases y contenidos pendientes.

“Sigo esperando que alguien recapacite y que se dé cuenta de cuánto daño está haciendo y que en sus manos está la posibilidad de volver al aula y avanzar con el ciclo lectivo”, sostuvo Figueroa.

Mientras los profesionales terminan de definir la estrategia judicial, las familias aguardan que el recurso pueda ser presentado durante los próximos días. El planteo buscará que se adopten medidas que permitan preservar el derecho de los estudiantes de los colegios preuniversitarios a completar su ciclo lectivo y acceder a los contenidos correspondientes.