Planteo de reforma constitucional

En los últimos tiempos hemos escuchado a distintos referentes de la agrupación Frente de Todos, manifestar que resulta imprescindible reformar la Constitución Nacional. Primero fue el filósofo ultra kirchenrista Mempho Giardinelli, luego fue la expresidente Cristina Fernández, y en los últimos días la titular de la agrupación Justicia Legítima, Cristina Camaño.

El primero de los mencionados sostuvo que es imprescindible eliminar el Poder Judicial como una de las tres ramas del gobierno, y convertirlo en una suerte de “servicio de justicia”, como si fuera una dependencia del Poder Ejecutivo. Afirmó que el Poder Judicial, como contrapeso de los poderes políticos, se justificaba a fines del siglo XVIII, pero no ahora, por considerar que ese órgano de gobierno es, en realidad, el “superpoder político” que ningún contrapeso genera.

A su turno la exmandataria sostuvo que se necesita modificar la Constitución en su totalidad, no solo en la parte de la organización de los órganos de gobierno (llamada “parte orgánica”), sino también en la de los derechos subjetivos y libertades, porque, afirma, es necesario celebrar un “nuevo contrato social” entre gobernantes y gobernados.

Por último Cristina Camaño dijo que se debe cambia la Ley Fundamental para evitar que los presidentes puedan endeudar a los argentinos.

Todas estas manifestaciones pro-reforma, colisionan con lo manifestado por el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien hizo saber que no lo convencerán fácilmente de la necesidad de realizar una reforma constitucional.

Lo primero que es necesario destacar, es que sobre una cuestión tan delicada como reformar la Constitución Nacional, no haya acuerdo entre los integrantes de la fórmula presidencial, y el electorado se pregunta a quíen atender en esta tan relevante cuestión. Pero además, justamente por ser un tema de alta sensibilidad institucional, quienes opinan al respecto deben ser muy claros y precisos a la hora de destacar cuáles son los ítems que consideran necesario reformar, para que el debate se instale en la campaña y en los medios, a fin que todo el mundo tenga la información necesaria para saber a qué atenerse a la hora de colocar el sufragio en la urna.

La propuesta de Giardinelli es de extrema gravedad, porque lo que en definitiva pretende, sin decirlo expresamente, es sustituir el sistema republicano (cuya principal característica es la independencia del Poder Judicial), por uno autocrático en el que la función judicial es una potestad más del órgano ejecutivo. Tal vez ésa sea su filosofía sincera, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre para que se advierta qué tan delicada es la propuesta de reforma constitucional que propicia.

Respecto de la propuesta de Cristina Fernández, será necesario que explique adónde apunta específicamente cuando pretende elaborar un nuevo contrato social. En efecto, fue Juan Jacobo Rousseau quien utilizó esa imagen (la del contrato social), para identificar al vínculo que, en las democracias, existe entre gobernantes y gobernados. Se trata de un contrato imaginario, que no por serlo, carece de cláusulas; y esas cláusulas son las normas constitucionales, ya que cuando el pueblo presta y traslada el poder a sus representantes, no lo hace firmando cheques en blanco, sino para que éstos lo ejerzan con los límites de tiempo y contenido que la Constitución Nacional consagra. Significa que esas “cláusulas” son las normas constitucionales que se pretenden modificar, y por ende es indispensable que quienes ello proponen sean más específicos y que no utilicen la reforma constitucional como un simple slogan de campaña.

Y en cuanto a las afirmaciones de la titular de Justicia Legítima, será necesario advertirle que ya desde 1853 la Ley Fundamental impide que el presidente pueda endeudar al pueblo sin el aval del Congreso. Solo es necesario que ello se cumpla. Demás está decir que para cumplir la Constitución no hace falta reformarla; lo grave es que ello sea desconocido por una abogada como la Dra. Cristina Camaño.

Lo pueblos cívicamente cultos, no solo se espantan, de movida y en principio, frente a la sola idea de modificar la Constitución -salvo que se explique con precisión en qué cuestiones ella debe ser cambiada-, sino que además consideran peligrosos a los gobernantes que pretenden reformar la Ley Suprema, porque entienden que ella es límite al ejercicio del poder, y por lo tanto entienden que cuando un funcionario o candidato propone cambiar la Constitución, es porque pretende aflojar o eliminar esos límites. Lamentablemente no es el caso de la población en la Argentina, país en el que padecemos una profunda ignorancia cívica, y por eso los temas relacionados con cuestiones constitucionales, no convocan el interés general ni preocupan a las mayorías. Me temo que probablemente sea ésta una de las eternamente inadvertidas causas de la decadencia nacional.