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Polémica con la Ley de Nietos en España y acusaciones de manipulación del padrón electoral
La oposición encabezada por Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una supuesta estrategia para ampliar el padrón electoral mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.
POR REDACCIÓN
La aplicación de la denominada “Ley de Nietos”, enmarcada dentro de la Ley de Memoria Democrática en España, abrió una fuerte controversia política luego de que sectores de la oposición cuestionaran el impacto electoral de las nacionalizaciones otorgadas a descendientes de españoles en el exterior.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría utilizando este mecanismo como una forma de ampliar el universo de votantes, una acusación que fue rechazada por el oficialismo pero que escaló en el debate público.
El eje de la polémica se centra en el denominado voto CERA, correspondiente al censo electoral de ciudadanos españoles residentes en el exterior. Allí se incorporan quienes obtienen la nacionalidad fuera de España, lo que, según la oposición, podría tener efectos en la distribución de bancas parlamentarias en provincias con diferencias electorales ajustadas.
En este contexto, la organización Iustitia Europa, encabezada por Luis María Pardo, presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central solicitando una revisión del sistema de asignación provincial de los nuevos ciudadanos españoles residentes en el extranjero. El planteo busca determinar cómo se registra a quienes acceden a la nacionalidad a través de la Ley 20/2022 y qué criterios se utilizan para su incorporación al padrón.
Desde la entidad denunciante se advirtió sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control del voto exterior, al tiempo que se pidió una intervención urgente del organismo electoral para garantizar transparencia en el proceso.
La controversia también se trasladó al plano político más amplio. Feijóo advirtió que, en caso de llegar al Gobierno, impulsará una reforma del sistema de nacionalidad para evitar lo que considera un posible uso electoral de estas concesiones. Según su postura, la administración de Sánchez habría actuado con conocimiento del impacto político de la medida.
Por su parte, el oficialismo español defiende la Ley de Memoria Democrática como un mecanismo de reparación histórica que permite a descendientes de exiliados recuperar la nacionalidad, especialmente en países de América Latina como Argentina, donde miles de personas iniciaron trámites consulares para acceder a la ciudadanía española.
Mientras tanto, la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central continúa su curso administrativo y por el momento no existen resoluciones que confirmen irregularidades en el sistema de asignación del voto exterior, aunque el debate político en torno a la medida sigue en ascenso.