Proponen que los presos usen uniforme naranja y crocs como en las cárceles de EE.UU.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza busca establecer el uso obligatorio de uniforme reglamentario para todas las personas privadas de libertad que sean de "alta visibilidad". La iniciativa pertenece al senador de La Unión Mendocina Martín Rostand y apunta a reforzar las condiciones de seguridad en cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria, tomando como referencia el modelo que se aplica desde hace años en diversas cárceles de Estados Unidos, así como también en Santa Fe para presos de alto nivel.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador advierte que la actual utilización de ropa civil dentro de las unidades penitenciarias puede favorecer evasiones. En ese sentido, hizo referencia al intento de fuga de dos delincuentes la semana pasada, que estaban internados en el Hospital Central de Mendoza y en donde uno de ellos intentó pasar desapercibido como familiar de un paciente. Además, sumó el caso ocurrido en la alcaidía de Tunuyán en febrero pasado, donde otros dos presos con frondosos prontuarios lograron evadirse y mimetizarse con la población civil de forma inmediata, lo que les permitió estar casi 24 horas fuera de la unidad penitenciaria.

Uniforme de alta visibilidad y calzado especial

El proyecto propone que los internos utilicen un mameluco de una sola pieza de alta visibilidad, similar al color naranja utilizado internacionalmente, acompañado de calzado especial sin cordones ni elementos metálicos. Según el legislador, la medida permitiría facilitar la identificación de los reclusos y reducir las posibilidades de fuga.

"La actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata", sostiene Rostand en el proyecto. El senador argumentó que la experiencia comparada en otros sistemas penitenciarios demuestra que el uso de uniformes visibles dificulta que los fugitivos puedan mezclarse con la población. "La criminología moderna demuestra que el uso de uniformes de alta visibilidad reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa", señala el texto.

Según el artículo 2 del proyecto, el uniforme consistirá en un mameluco de una sola pieza, confeccionado en tela de alta resistencia y color de alta visibilidad anaranjado internacional o similar, con bandas refractarias. En cuanto al calzado, será de tipo anatómico, de caucho o polímero de una sola pieza, tipo "crocs" o similar, sin cordones, elementos metálicos, ni suelas que faciliten la tracción para escalamiento o carrera veloz.

El uniforme será pagado por los presos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que el costo de la indumentaria deberá ser asumido por los propios internos, aunque los valores serán fijados por la autoridad de aplicación en base al costo de producción o adquisición mayorista del Estado. "El sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio", sostiene el proyecto, que plantea que esta medida también busca promover una cultura de responsabilidad y cuidado de los bienes provistos entre los detenidos.

Por otro lado, el artículo 4 marca que el Ministerio deberá determinar cuántos uniformes se proveerán a cada interno por año, como así los medios y procedimientos que considere pertinentes para hacer efectivo el cobro del uniforme y calzado.

Prohibición de ropa civil y plazos de implementación

La iniciativa también establece que quedará prohibido el uso de ropa civil dentro de los sectores de alojamiento, circulación y traslados extramuros. En ese sentido, las prendas personales de los internos deberán ser inventariadas y quedarán bajo custodia del Servicio Penitenciario hasta el momento de recuperar la libertad.

Además, el proyecto fija que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para implementar el nuevo sistema de uniformes en todo el territorio provincial, mientras que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad.

Entre los argumentos expuestos, Rostand mencionó los episodios recientes de fugas ocurridas en la provincia y sostuvo que la identificación rápida de los internos puede ser clave para evitar que logren mezclarse con la población. Según plantea, el uniforme permitiría que policías, cámaras de seguridad e incluso ciudadanos puedan advertir de inmediato la presencia de un fugitivo. "Un interno uniformado es fácilmente detectable por las fuerzas policiales, cámaras de seguridad urbana y por el ciudadano común, quien puede alertar a las autoridades ante una presencia anómala", señala el legislador en los fundamentos del proyecto.