Proyecto Sea Lion en Malvinas la Justicia ratificó el freno y sumó a Tierra del Fuego

La Justicia Federal de Río Grande ratificó la suspensión de las obras del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en aguas cercanas a las Islas Malvinas. Además, resolvió incorporar a Tierra del Fuego a la causa judicial por presunto daño ambiental, aunque su intervención estará limitada a acompañar el reclamo y aportar pruebas.

La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto, quien rechazó modificar las condiciones de la medida cautelar que rige desde el 16 de septiembre. La resolución mantiene la prohibición de iniciar o continuar perforaciones, instalaciones submarinas, unidades flotantes de producción y obras terrestres o portuarias vinculadas con la explotación.

El tribunal consideró que todavía no están incorporados todos los informes solicitados a los organismos nacionales ni se concretaron las notificaciones a las empresas demandadas. Por ese motivo, entendió que aún no existen elementos suficientes para revisar el alcance de la medida.

Tierra del Fuego se sumó a la demanda

La provincia ingresó al expediente a través de su Fiscalía de Estado, luego de que la Legislatura fueguina instruyera al Ejecutivo a intervenir en el conflicto. La jueza admitió su participación como tercera, con carácter accesorio y subordinado a las organizaciones que iniciaron la demanda.

Esto significa que podrá presentar argumentos, aportar documentación y promover pruebas relacionadas con el reclamo ambiental. Sin embargo, no estará habilitada para ampliar el objeto de la demanda ni incorporar pretensiones independientes.

La causa fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Ambas organizaciones buscan impedir que las petroleras avancen con la explotación hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas competentes.

En la misma resolución, Borruto rechazó el pedido de incorporar formalmente al Estado nacional como parte del expediente. No obstante, la Cancillería, la Secretaría de Energía y los organismos ambientales nacionales deberán aportar información que ya fue requerida por el juzgado.

Por qué se frenó el proyecto Sea Lion

La medida cautelar fue dictada en septiembre, luego de que la Justicia considerara necesario suspender las obras mientras se determina el cumplimiento de los procedimientos ambientales correspondientes.

El emprendimiento se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y contempla la instalación de infraestructura submarina y una plataforma flotante para extraer, almacenar y descargar petróleo.

Uno de los puntos centrales del expediente es que las compañías no habrían iniciado ante la autoridad argentina competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido para este tipo de actividades. La cautelar busca evitar que el proyecto avance sin que se analicen previamente sus posibles consecuencias.

La resolución no constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el fondo de la controversia. La magistrada dejó abierta la posibilidad de revisar, modificar o levantar la medida cuando se incorporen los informes pendientes y las compañías tengan oportunidad de intervenir en el proceso.

Una explotación millonaria con producción prevista para 2028

Sea Lion es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del emprendimiento, mientras que la primera conserva el 35%.

Según los datos difundidos por las compañías, el proyecto contempla una primera etapa de explotación con 23 pozos y una inversión inicial estimada en US$1.800 millones. La primera extracción de petróleo está prevista para marzo de 2028.

El desarrollo también tiene implicancias en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y sus recursos naturales. Argentina rechaza las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional en los espacios marítimos bajo su jurisdicción y cuestiona la participación de empresas extranjeras en la explotación de esos recursos.

De esta manera, la decisión judicial mantiene abierto un conflicto que combina la protección ambiental, la explotación de hidrocarburos y el reclamo argentino de soberanía sobre el Atlántico Sur.