Siete policías fueron removidos por el faltante de 150 armas reglamentarias

La investigación por el faltante de 150 pistolas reglamentarias calibre 9 milímetros dentro de la Policía de San Juan sumó una nueva medida. El jefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez, ordenó el traslado de los siete efectivos que integraban la División Armamento, mientras avanza un sumario administrativo para determinar qué ocurrió con el armamento que no figura en los registros oficiales y que podría derivar en una causa penal.

La decisión alcanza a todo el personal que prestaba funciones en esa dependencia y representa una de las primeras consecuencias concretas de la auditoría interna iniciada por la Jefatura. Según trascendió, las irregularidades detectadas en los controles obligaron a reorganizar el área mientras continúa la revisión del inventario de las armas reglamentarias adquiridas por la provincia.

Los efectivos removidos de la División Armamento fueron el suboficial principal Mauricio Javier Ríos, destinado a la Unidad Coordinadora de Departamentales; la cabo primero Laura Verónica Aballay, enviada a la Sección Comunal N° 1 Centro; el cabo primero Javier Darío Lucero, trasladado a la Departamental 7 Oeste; el cabo primero Martín Hernán Villalobos, reasignado a la Comisaría 2ª de Concepción; el cabo Carlos Andrés Chaves, destinado a la Comisaría 3ª de Trinidad; el cabo Franco Miguel Troncoso, enviado a la Unidad Operativa La Cañada; y el cabo Franco Gabriel Tejada, trasladado a la Comisaría 26ª Cabo Félix Javier Salinas.

Las irregularidades detectadas

La auditoría reveló inconsistencias entre las armas entregadas y las registradas oficialmente. Entre los primeros hallazgos aparecieron casos de subcomisarios que utilizaban pistolas que, según la documentación, figuraban asignadas a cabos. Esa situación expuso deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento del armamento dentro de la fuerza.

Las 150 pistolas faltantes pertenecen a un lote de 500 armas calibre 9 milímetros adquirido por el Gobierno de San Juan en 2022 mediante una licitación pública. Las diferencias fueron detectadas en los lotes de fabricación identificados como M y N.

Qué hipótesis analiza la investigación

Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que una de las principales hipótesis apunta a un desorden administrativo acumulado durante años, favorecido por la falta de un sistema digital de trazabilidad para cada arma reglamentaria. Incluso, no descartan que parte del material permanezca almacenado en sus cajas originales sin haber sido incorporado al inventario oficial.

Como parte de la reorganización, el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña fue designado al frente de la División Armamento y tendrá la tarea de normalizar los registros y fortalecer los controles. Mientras tanto, el sumario administrativo continúa y, si las armas no son localizadas, las autoridades anticipan que el caso podría derivar en una denuncia penal para determinar si existió un robo o un desvío del armamento.