País > Soberanía en peligro
Tierra del Fuego cruza a Milei por buque petrolero británico
En un duro cuestionamiento a Nación, el gobernador Gustavo Melella consideró “inadmisible” que la embarcación extranjera opere en Ushuaia mientras Reino Unido mantiene la ocupación ilegal de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo de Gustavo Melella, denunció la presencia de un buque petrolero británico en el puerto de Ushuaia y responsabilizó al presidente Javier Milei por la operación que favorece la posición de la nave extranjeras en aguas argentinas. Calificó el hecho como una contradicción con los argumentos de soberanía utilizados por Nación para intervenir la terminal portuaria.
A través de un comunicado, la Provincia expresó su “enérgico repudio” a la presencia de la embarcación del Reino Unido en el puerto de la capital fueguina, actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La administración provincial sostiene que la medida es ilegítima y que ya fue cuestionada ante la Justicia.
El Gobierno fueguino consideró “inadmisible” que un buque de bandera británica opere en Ushuaia mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Decisiones incompatibles
El planteo central de Tierra del Fuego apunta directamente a los argumentos utilizados por el Gobierno nacional para intervenir el puerto. Según la Provincia, Nación justificó la intervención bajo la premisa de que Ushuaia constituye un activo estratégico y que era necesario resguardar la soberanía y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó el Ejecutivo fueguino.
En ese sentido, remarcó que Ushuaia tiene una importancia estratégica por su ubicación geográfica, su proyección sobre el Atlántico Sur y su condición de puerta de entrada a la Antártida.
Pedido de explicaciones a Nación
La Provincia reclamó al Gobierno nacional que informe “de manera inmediata y pública” bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación del buque británico.
Además, exigió el cese de la intervención y la restitución inmediata a Tierra del Fuego de la administración del Puerto de Ushuaia, al tiempo que anticipó que continuará con las acciones judiciales contra la medida.
El comunicado también advierte que la Provincia no permanecerá indiferente ante decisiones adoptadas desde el poder central que, según sostiene, comprometan sus competencias, recursos e intereses estratégicos en el Atlántico Sur.
Finalmente, el Gobierno fueguino convocó a los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto y sostuvo que la cuestión Malvinas constituye un objetivo “permanente e irrenunciable” establecido por la Constitución Nacional.
“La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles”, concluyó la Provincia, en un duro cuestionamiento a la gestión nacional del puerto fueguino.
La respuesta frágil del vocero presidencial
La tensión política y diplomática con la Casa Rosada sigue en aumento y con varios antecedentes. Sin embargo, desde el vocero de Milei, salió al cruce de la postura fueguina.
A través de su vocero presidencial, Adrián Ravier, el oficialismo negó de forma tajante que la operatoria represente un riesgo para la soberanía del país y le devolvió la pelota a la gestión provincial, afirmando que el barco fue autorizado en primera instancia por el propio Ejecutivo local.
En la conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier ensayó una defensa técnica de la situación para despegar al gobierno de las acusaciones. Leyendo un comunicado oficial, Ravier detalló que el VS Promise cargó crudo en el puerto de Cullen (Tierra del Fuego) y pasó por Ushuaia para aprovisionarse, enfatizando que. al provenir de la provincia, el propio gobierno local autorizó su ingreso, ironizando sobre la contradicción de Melella.
El conflicto pone el foco en la Ley Gaucho Rivero, que prohíbe amarres de buques británicos vinculados a la ocupación de Malvinas. Sin embargo, para Nación, el accionar “no viola ninguna ley”, ya que Ravier argumentó que la norma aplica solo a actividades directas de exploración/explotación en la cuenca Malvinas, y no a la operación del VS Promise en el norte de la isla. Por ello, Nación justificó el aval para el aprovisionamiento, contraponiendo la autorización provincial con la queja actual.