Trump eliminó una protección clave de la Ley de Especies en Peligro

La administración de Donald Trump aprobó una nueva regulación que modifica la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act, ESA) y elimina una de las principales protecciones para la fauna amenazada frente a actividades como la explotación petrolera, la minería y la tala de bosques.

La medida redefine el concepto de "daño" dentro de la histórica legislación ambiental de 1973. Hasta ahora, el gobierno federal interpretaba que una especie podía verse perjudicada no solo cuando un animal era herido o muerto, sino también cuando se destruía o degradaba el hábitat indispensable para su supervivencia.

Con la nueva regulación, las actividades de desarrollo económico podrán avanzar sobre áreas críticas para especies protegidas siempre que no provoquen directamente la muerte o lesiones de los animales. En la práctica, esto habilita proyectos de perforación petrolera y gasífera, minería, explotación forestal y otros emprendimientos en zonas donde viven especies amenazadas, siempre que los ejemplares no resulten dañados de forma inmediata.

La administración sostuvo que la modificación busca restablecer el sentido original de la ley y adecuarla a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido en 2024, que limitó la capacidad de las agencias federales para interpretar leyes ambientales aprobadas por el Congreso. Según el gobierno, la definición anterior de "daño" otorgaba un alcance excesivo a las autoridades federales e interfería con los derechos de propiedad privada.

"Durante años, las agencias federales abusaron de la Ley de Especies en Peligro para obstaculizar el uso legítimo de la tierra y perjudicar a las familias y empresas estadounidenses", afirmó el secretario del Interior, Doug Burgum. La modificación forma parte de una serie de cambios impulsados por la administración Trump para flexibilizar las regulaciones ambientales y de protección de la vida silvestre.

Organizaciones dedicadas a la conservación cuestionaron con dureza la decisión y advirtieron que la destrucción del hábitat constituye la principal causa de extinción de especies en todo el mundo. Aaron Weiss, director ejecutivo del Center for Western Priorities, calificó la medida como "uno de los intentos más graves de dañar la vida silvestre en la historia de Estados Unidos" y sostuvo que beneficia principalmente a las industrias petrolera y minera.

Los grupos ambientalistas habían intentado frenar la iniciativa desde que fue propuesta en abril de 2025, aunque finalmente no lograron impedir su aprobación.