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Un abogado reveló si el papá de Tini Stoessel puede ir preso por el "robo"
La cantante de pop enfrenta una seria disputa con su progenitor por el control total de sus millonarias ganancias.
POR REDACCIÓN
El manejo de los ingresos, de las sociedades comerciales y del derecho de imagen de Tini Stoessel desató una fuerte controversia pública al trascender que ella no posee el control de sus bienes. En su lugar, el poder absoluto reside en manos de su progenitor y exrepresentante, Alejandro Stoessel, situación que motivó a la cantante a requerir una profunda auditoría contable para esclarecer el destino y estado de su patrimonio acumulado.
Ante esta situación, el abogado penalista Javier Baños analizó las derivaciones del caso en sede judicial en diálogo con el ciclo de televisión La Mañana con Moria por el canal El Trece. El profesional señaló que resulta indispensable diferenciar con claridad dos situaciones temporales específicas, siendo por un lado el lapso en el cual la cantante fue menor de edad y, por el otro, el momento posterior en el que cumplió la mayoría de edad.
Asimismo, el especialista remarcó que "Por otro lado, hay que distinguir los hechos que se producen en Argentina de los que pueden llegar a tener competencia en otras jurisdicciones internacionales diferentes" para determinar bajo qué leyes se juzgarán los actos.
En lo relativo al marco regulatorio del país, Baños hizo alusión a una cláusula especial para resolver este tipo de disputas familiares. El abogado precisó que "En el Código Penal Argentino hay una cláusula específica, que es el artículo 185, que establece la exención de la responsabilidad criminal por los hurtos y defraudaciones que recíprocamente se cometan entre los padres y los hijos si vivieren juntos". En este sentido, determinar con precisión el momento en que la artista de pop dejó de residir con sus padres constituye un dato clave para que la justicia analice las exenciones de responsabilidad civil o criminal.
Por otra parte, los contratos de representación artística que unieron a las partes bajo una relación de asimetría de poder resultarán determinantes para la definición del encuadre legal de la causa. El letrado advirtió la trascendencia de estos documentos al manifestar que "Fundamentalmente ese contrato de representación, porque podemos estar en presencia de un claro delito de acción pública, como sería una administración infiel, una administración fraudulenta".
En el supuesto de que se acredite judicialmente una administración fraudulenta de sus recursos, Alejandro Stoessel podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión en el ámbito criminal. No obstante, Baños aclaró que la cantante dispone de otras herramientas judiciales y afirmó que "En sede civil sí va a poder tener acciones como para tratar de recuperar toda esta plata, todo este dinero" de forma independiente.
Para esclarecer si existió un delito, la justicia examinará la configuración de los componentes técnicos de las figuras penales correspondientes. Baños explicó que "En el Código Penal Argentino, tanto la figura de la estafa genérica, que está en el artículo 172, como el supuesto de administración fraudulenta se basan siempre en tres elementos sustanciales: tiene que haber un ardid, un engaño y una disposición patrimonial".
El abogado sumó el componente de la vulnerabilidad de la damnificada, exclamando que "porque vos fijate lo que decía ella, que no tenía plata ni para pagar un peaje, es muy fuerte". Finalmente, destacó las desigualdades que atraviesan las relaciones de representación al señalar que "Además, esto que se relaciona con toda la cuestión de género de la que están hablando ustedes, porque por supuesto que hay una relación totalmente asimétrica del poder entre, ni siquiera digo ya del padre, entre un manager y la persona a la que se está representando, con lo cual son todas cuestiones que van a tener que ser ventiladas en la Justicia Civil y Criminal".
En el pasado, la joven artista había realizado una declaración sobre su confianza familiar al declarar "Pongo las manos en el fuego, es papá", una frase que hoy adquiere un significado completamente diferente ante el actual escenario de disputa judicial.