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Un funcionario de LLA dio positivo en alcoholemia y se fue del operativo
Juan Pablo Allan, titular del Renar, registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. La Provincia lo inhabilitó preventivamente para conducir junto a su esposa.
POR REDACCIÓN
Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar), dio positivo en un control de alcoholemia realizado en Pinamar y se retiró del operativo antes de que terminara el procedimiento. Tras el episodio, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso su inhabilitación preventiva para conducir.
El funcionario circulaba en un Toyota Yaris cuando fue sometido al test, que arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese resultado infringe la Ley de Alcohol Cero vigente en la provincia de Buenos Aires.
Allan es además concejal de La Libertad Avanza en La Plata y exsenador provincial del PRO. En 2022, cuando integraba la Cámara Alta bonaerense, había votado a favor de la normativa de Alcohol Cero.
Cómo fue el control
Durante el procedimiento, Allan no presentó la licencia de conducir en formato físico, por lo que los agentes no pudieron retenerla en ese momento. Tras confirmarse el resultado positivo, comenzaron las actuaciones correspondientes.
En el vehículo también viajaba su esposa, quien manifestó que iba a hacerse cargo de la conducción porque sabía que Allan había consumido alcohol. La mujer realizó el test y dio negativo, por lo que fue autorizada a continuar al volante.
Sin embargo, mientras los agentes terminaban de completar el procedimiento, la pareja se retiró del lugar sin autorización. En ese momento, la licencia física de la mujer todavía estaba en poder del personal del operativo.
Los dos fueron inhabilitados preventivamente
El Ministerio de Transporte bonaerense resolvió inhabilitar preventivamente tanto a Allan como a su esposa. En el caso del funcionario, la medida se tomó por la alcoholemia positiva y por haberse retirado antes de finalizar el control.
La cartera provincial aclaró que se trata de una medida preventiva y no de una sanción definitiva. Las actuaciones quedaron a disposición de la jueza interviniente, quien deberá definir la pena correspondiente. La eventual inhabilitación podría extenderse entre tres y seis meses.