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Zoofilia en San Juan: cinco casos en dos años y piden penas más severas
Organizaciones alertan por cinco casos de zoofilia en San Juan y reclaman penas duras, tratamiento y prohibición de contacto.
POR REDACCIÓN
La referente proteccionista Emilia Merino, junto a agrupaciones defensoras de la provincia, encendió las alarmas tras confirmarse oficialmente al menos 5 casos de zoofilia en San Juan durante los últimos 2 años. Esta grave problemática del maltrato animal expone un vacío legal en la legislación argentina, ya que la práctica carece de una figura penal propia y termina juzgándose apenas como violencia ordinaria bajo la Ley Nacional 14.346 o mediante expedientes contravencionales.
Debido a este encuadre jurídico tan laxo, los responsables suelen recibir castigos menores o medidas sustitutivas como talleres de concientización y prisión en suspenso, evitando así el ingreso efectivo a una cárcel. En diálogo con radio Sarmiento, Emilia Merino remarcó la urgencia de modificar las leyes vigentes para frenar esta escalada de crueldad y brindar herramientas reales a los magistrados locales.
"La idea del proyecto es que haya un control para que estos hombres tengan tratamiento y no puedan acercarse a un animal", sostuvo la dirigente ambientalista al detallar los alcances de la reforma que impulsan. Asimismo, advirtió sobre las serias dificultades para judicializar los episodios cuando faltan elementos probatorios formales, ya que a diario reciben llamados anónimos o comentarios de vecinos donde "ahí no podemos hacer mucho" sin una denuncia formal, videos o peritajes veterinarios.
A la falta de denuncias concretas se suma la preocupante circulación digital de este material aberrante en internet. Según revelaron desde el movimiento proteccionista sanjuanino, detectaron grupos activos en la red social TikTok donde distintos usuarios suben e intercambian videos con contenidos explícitos de zoofilia, conformando verdaderas redes de crueldad que trascienden ampliamente los límites provinciales.
Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en el barrio Cruce de los Andes, ubicado en el departamento de Pocito, donde un changarín de 34 años fue denunciado por un proteccionista tras el aviso de vecinos. Con la ayuda de otra activista, lograron rescatar de la vivienda a 2 cachorros de entre 5 y 6 meses de vida que presentaban lesiones severas y fueron trasladados de urgencia a una clínica veterinaria, aunque lamentablemente la hembra no logró sobrevivir.
El profesional veterinario interviniente certificó que los perros presentaban signos evidentes de abuso sexual humano, incluyendo una marcada dilatación anal. "Los perros los llevaron a un veterinario y tenían dilatación anal", confirmó Emilia Merino respecto a las pericias científicas incorporadas al expediente judicial, las cuales motivaron un inmediato allanamiento en el domicilio del sospechoso.
Durante ese operativo policial en Pocito, los efectivos hallaron otro perro y 6 aves silvestres destinadas a la venta ilegal, iniciándose además una causa paralela en la UFI ANIVI con intervención de la línea 102 por sospechas de abuso contra una menor de la familia. Fuentes judiciales aclararon que el sujeto quedó detenido inicialmente por las sospechas sobre la niña, las cuales fueron descartadas preliminarmente tras los exámenes médicos, y no por los ataques sexuales contra los animales.
Respecto a la agresión sufrida por los cachorros, el changarín estuvo preso apenas 2 días y recuperó su libertad tras intentar justificarse afirmando que solo buscaba ayudar a defecar al animal. El Juzgado de Faltas le impuso como única sanción realizar el curso "Responsabilidad y Cuidado de Animales" en la Escuela de Convivencia de la Universidad de Congreso, sumado a la prohibición de tener mascotas y una restricción de acercamiento hacia los familiares que testificaron en el proceso.
Este brutal episodio en Pocito no constituye un hecho aislado dentro del historial reciente de la provincia cuyana. En abril de 2026, la Justicia sanjuanina juzgó a una joven identificada con el apellido Campillay Jaque, quien fue hallada penalmente responsable de grabarse y fotografiarse mientras cometía actos de abuso sexual contra su propio perro.
La investigación contra Campillay Jaque se originó a partir de una causa previa tramitada en la UFI ANIVI contra la pareja de la mujer. Al peritar el teléfono celular de la acusada, los especialistas descubrieron 8 videos y más de 30 fotografías con contenido explícito involucrando al animal, pruebas contundentes que derivaron en un juicio abreviado ante la jueza Celia Maldonado de Álvarez.
En dicha instancia judicial, la imputada admitió su culpabilidad y recibió una condena de apenas 15 días de prisión condicional por el delito de maltrato animal contemplado en la Ley 14.346, evitando nuevamente pisar un establecimiento penitenciario. Este fallo volvió a generar fuerte indignación entre los colectivos defensores de los derechos de los animales por la levedad del castigo aplicado.
Si bien en febrero de 2025 la Legislatura Provincial de San Juan modificó la Ley 2005-L incrementando las multas por crueldad animal en un 50% y estableciendo arrestos de hasta 20 días en el fuero contravencional, las organizaciones consideran que estas medidas resultan totalmente insuficientes. Por ello, exigen una reforma profunda del Código Penal para tipificar la zoofilia como delito grave, imponer tratamientos psicológicos y psiquiátricos obligatorios a los agresores y prohibirles de por vida el contacto con cualquier animal.