Difundieron los fundamentos para condenar a CFK en un documento de 1616 páginas

El tribunal que dictó sentencia en el caso de Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, condenándola a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación contra la administración pública, difundió los fundamentos de su decisión. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso notificaron a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, así como a los abogados de los acusados, que el documento de 1.616 páginas se ha subido a la plataforma digital donde se encuentra el expediente.

Las partes tienen diez días para apelar la sentencia si no están satisfechas con ella. Las defensas de todos los acusados condenados han anunciado que apelarán la decisión y la fiscalía también apelará la decisión, ya que habían solicitado una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita, además del delito de fraude, pero sólo fue condenada por este último delito.

El tribunal también ha ordenado el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en que la sentencia quede firme, que es el monto de "los efectos del delito". Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola irán a Casación contra la abolición del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsubsecretario de Obra Pública Abel Fatala. También fueron condenados el empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros.

La Cámara de Casación revisará la sentencia. El fallo fue dividido, ya que el juez Basso proponía una condena por ambos delitos y sus colegas se inclinaron solo por el fraude. Hoy se conocerá en detalle la argumentación de cada uno. Además, se aclararán cuáles fueron las pruebas que llevaron al tribunal a dictar sentencia en el caso que se conoce como Vialidad.

La causa

La causa es por las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, eran alquiladas y administradas por Báez al mismo tiempo que recibía obras con irregularidades. Debido a estos hechos, hay un caso judicial en el que CFK y Báez, junto con otros imputados, fueron enviados a juicio oral y sobreseídos sin que se completara el proceso. Esta decisión fue apelada y debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación.

En junio de 2016, cuando López fue detenido en el convento de General Rodríguez con bolsos que contenían nueve millones de dólares, surgió el "plan limpiar todo" de su teléfono celular. Allí se encontraron mensajes de López con Báez, Julio Mendoza (presidente de Austral Construcciones, la compañía más importante del empresario) y otros funcionarios sobre reuniones con Cristina Kirchner y otras personas al final de su mandato en 2015 para organizar el pago de las obras que restaban y cerrar las empresas.

Los jueces tuvieron diferencias de opinión, ya que Basso consideró que los acusados habían cometido el delito de asociación ilícita, mientras que Gorini y Giménez Uriburu descartaron ese delito. Durante sus alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido una condena por asociación ilícita.

La sentencia, que también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, podrá ser cumplida cuando quede firme, es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la defensa, lo que podría tardar años. El tribunal había adelantado sus razones en un resumen de prensa difundido al leer el veredicto el 6 de diciembre pasado, donde afirmó que se había probado "una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional", y que Cristina Fernández había tenido "un interés manifiesto sobre el plan criminal". En este juicio, el tribunal había dado por probado que la vicepresidenta había favorecido al empresario Lázaro Báez con el 80% de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Uno por uno los acusados

• Cristina Kirchner,vicepresidenta: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por considerarla penalmente responsable por los delitos fraude al Estado.
• Lázaro Báez, empresario: 6 años de prisión por ser partícipe de administración fraudulenta de la administración pública.
• Julio De Vido, exministro de planificación federal: absuelto sin costas.
• José López, exsecretario de obras pública: 6 años de prisión por defraudar al Estado.
• Nelson Periotti, exdirector de vialidad: 6 años e inhabilitación perpetua por considerarlo penalmente responsable del delito de fraude a la administración pública.
• Mauricio Collareda, exdirectivo de vialidad: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudar al Estado.
• Juan Carlos Villafañe, exintendente de Río Gallegos: 5 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de administración fraudulenta. Inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
• Osvaldo Daruich, exjefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad: 3 años y seis meses de prisión por defraudar al Estado e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
• Raúl Pavesi, expresidente de la agencia provincial de vialidad: 4 años y seis meses por defraudar al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
• Claudio Abel Fatala, exsubsecretario de obras públicas: absuelto sin costas.
• Raúl Santibañez, exdirector de la agencia provincial de vialidad: 4 años por defraudar al Estado e inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
• Héctor Garro,extitular de vialidad Santa Cruz: absuelto. Había sido acusado por defraudar al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de coordinación de obra pública federal: sobreseído por incumplimiento de funcionario público y absuelto por asociación ilícita.