Restituyeron al intendente José Castro en Angaco

Después de menos de 24 horas desde que el Concejo Deliberante de Angaco suspendiera en sus funciones al intendente José Casto, la Justicia resolvió restituirlo, por lo que el mandatario departamental podrá volver a hacerse cargo del Ejecutivo.  Los ediles basaron sus acusaciones en el supuesto uso indebido de una máquina municipal que fue vista en una propiedad de Castro y en el presunto manejo irregular de 9 millones de pesos. 

Horas después de que el intendente fuera destituido, él y sus abogados presentaron un recurso de amparo en el que solicitó que se garantizara su derecho a ejercer el poder como intendente, cargo para el que fue democráticamente electo. Finalmente, la jueza Adriana Tettamanti titular del Juzgado Contencioso Administrativo hizo lugar al reclamo del intendente sus pendido y resolvió que puede volver a ejercer sus funciones. 

Este jueves los cinco ediles que conforman el Concejo Deliberante votaron por la suspensión del funcionario. La medida regía por 30 días hábiles, es decir, casi hasta el final del mandato que se extiende hasta el 10 de diciembre, pero la jueza resolvió dejarla sin efecto. 

Si bien esta medida judicial le permite a Castro volver a ocupar su sillón de intendente, los ediles que resolvieron su suspensión aún pueden presentar una apelación solicitando que se reconsidere la medida de la jueza Tettamanti. Sobre este tema el concejal José Risueño, uno de ediles que denuncia irregularidades en la gestión de Castro, aseguró que: "aún no he tomado conocimiento formal de la restitución del mandatario, una vez que tenga confirmado si realmente Castro deberá seguir en la comuna, analizaremos las acciones a seguir".

Paralelamente, Risueño explicó que ha presentado una denuncia en la Fiscalía Nº 2 que está en turno. El edil aseguró que han solicitado que se investiguen presuntas irregularidades en el manejo de los dineros de la comuna. Es que Risueño asegura que hubo cambios en la forma de ejecución del Presupuesto y que se desconoce el destino de unos 9 millones de pesos. 

Mientras tanto, el intendente Castro confirmó a DIARIO HUARPE que ha recibido una comunicación informal sobre la medida judicial, y evitó hablar de este tema hasta que pueda estudiarlo en profundidad.  Ya en declaraciones inmediatamente posteriores a la suspensión, el mandatario aseguró que esta medida es una "cama" política y se quejó por que no se respetó su derecho de defensa. 

Es que el mandatario criticó que si los ediles vieron algún tipo de irregularidad por qué no lo citaron ante el Concejo para dar respuesta a los cuestionamientos y si no quedaban satisfechos con sus explicaciones, en ese momento podrían pedir por la suspensión del mandatario.