Para buscar a Santiago Maldonado, el Gobierno gastó $53 millones

La búsqueda de Santiago Maldonado le demandó al Estado argentino un total de $53.539.571,76. Esto convirtió a esa investigación penal en una de las más costosas de la historia argentina reciente.

La cifra la brindó la Fiscalía Federal de Esquel que,  para cuantificar las erogaciones del Estado en las causas de hábeas corpus y de desaparición forzada del joven platense, le pidió formalmente a los ministerios de Seguridad y de Justicia que informaran los costos en los que incurrieron ambas dependencias.

En el primer caso, los informes de gastos, se basaron en los pormenorizados detalles contables de las tres fuerzas federales que actuaron como auxiliares de la Justicia. En conjunto, la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tuvieron gastos por un total de $52,071.851,95.

En el segundo caso, el Ministerio de Justicia informó erogaciones por $1.467.719,81 para solventar los costos de defensa de la familia Maldonado. Fue en el marco del Programa de Asistencia a las Víctimas que, según la ley 27.372-aún sin reglamentar-facilita la asistencia económica a víctimas de delitos federales. Por ello, la ayuda económica a la familia Maldonado consistió en el pago de pasajes, alojamiento y viáticos, como también en el reembolso de honorarios al perito de parte, Alejandro Incháurregui, que recibió $300.000 por sus seis meses de trabajo.

Toda esa información pormenorizada fue requerida por la fiscal Silvina Ávila, en el marco de la investigación penal por falsos testimonios de mapuches. En esa causa, iniciada en enero pasado, el Ministerio de Seguridad, con el patrocinio del abogado Fernando Soto, es parte querellante.

Al momento de requerir la información, los investigadores judiciales entendieron que, “con el presunto desvío de la investigación por parte de testigos mapuches, se prolongaron de forma estéril las tareas de investigación y se ordenaron medidas de pruebas que no correspondían. Eso implicó un gasto al Estado que en una investigación como esta se tienen que saber para, eventualmente, establecer los montos de futuros embargos, si es que corresponden”, señaló una calificada fuente de la investigación.

En relación a la asistencia financiera a la familia Maldonado fuentes del ministerio de Justicia aclararon que ésta todavía no cesó y que restan pedidos de pasajes aéreos a Chubut todavía en trámite. “No se trata de un subsidio ni de dinero en efectivo mensual a la familia-explicó la fuente-. Nos encargamos de comprar los pasajes, hacer las reservas hoteleras y de facilitarles los viáticos equivalentes al que perciben los funcionarios de este ministerio. Por ley, estamos obligados a asistir a las víctimas. En el caso de honorarios profesionales, éstos responden a pedidos concretos. Así se solventó la actuación de un perito de parte, en aras de brindar las garantías al debido proceso”, señaló una alta fuente de esa cartera.

En esa línea, también explicó, que desde esa dependencia analizan pedidos de asistencia a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Fuente: La Nación