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Política > Presunta irregularidad

Ampliaron la denuncia que investiga la contratación directa de la ART

Solicitan que se investigue una inconsistencia entre lo que pagó el Gobierno y lo que declaró la empresa. Además solicitaron que se aplique la figura de Amicus Curiae para los abogados Arancibia y Seguí.

POR REDACCIÓN

19 de abril de 2017

La denuncia en la que se investiga la presunta irregularidad en la contratación directa de la ART entre la Provincia y el Instituto Autárquico del Seguro de la Provincia de Entre Ríos (IASPER) en la gestión de José Luis Gioja como Gobernador, tuvo un nuevo capítulo este miércoles. Es que se amplió la denuncia y se solicitó al juez que interviene en la causa, la consideración de cinco puntos de dos aspectos, dos procesales y tres de investigación.

La ampliación de la denuncia la realizaron los abogados Marcelo Arancibia (derecha) y Diego Seguí (izquierda). El primero de los puntos de aspectos procesales fue solicitarle al juez del segundo juzgado de Instrucción, Pablo Flores, que se les conceda la figura de “Amicus Curiae” o Amigos del Tribunal. Es una figura que se aplica para casos de corrupción o perjuicios al Estado y uno de los ejemplos más claros de esta figura fue la que se aplicó en Capital Federal en la causa “Hotesur” y “Los Sauces”. Margarita Stolbizer y Elisa Carrió están constituidas como Amicus Curiae.

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El otro aspecto es que “considerando que puede haber algún perjuicio fiscal, el artículo 263 de la Constitución Provincial dice que en esos casos tiene que intervenir la Fiscalía de Estado, quienes sí se pueden hacer parte querellantes a diferencia de nosotros”, explicó uno de los denunciantes, Marcelo Arancibia.

En cuanto a los elementos para investigar, se solicitó una jurisprudencia por un fallo que hubo en la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que prohíbe al Estado Nacional contratar Seguros de Riesgos del Trabajo para los agentes bajo su órbita mediante contratación directa.

Otro tema es investigar por qué el Gobierno dejó sin efecto en 2007 el seguro gratuito escolar que estaba vigente desde 1968.Al seguro lo cubría gratuitamente la Caja Nacional de Ahorro y Seguros y luego, al ser privatizada pasó a ser cubierta por la Caja de Ahorro y Seguros. “Lo que se busca en este punto es la explicación de por qué algo que era gratuito se lo deja de lado y comienza a pagarse”, explicó Arancibia.

Además, otro elemento es una posible inconsistencia entre lo que informó que pagó el gobierno provincial en 2016 con lo que surge de los balances de la empresa entrerriana.

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