Las 221 reuniones que informó el Gobierno: el caso de Milei con el Hotel Libertador y la audiencia desconocida por YPF

El Gobierno de Javier Milei mantiene un significativo subregistro de las audiencias con entidades públicas y privadas, una actividad que es de carácter obligatorio para los funcionarios con cargos de alta jerarquía dentro del Poder Ejecutivo. Hasta el momento, el Presidente solo anotició cuatro reuniones en casi dos meses; al mismo tiempo que se desconoce el listado de visitas que tuvo durante su estadía en el Hotel Libertador.

La administración nacional tiene diversas instancias obligatorias que cumplir para tender a una gestión con mayor transparencia y trazabilidad de la gestión del poder.

Además, de las presentaciones de Declaraciones Juradas y otros documentos obligatorios, existe el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses el mecanismo por el cual la ciudadanía puede informarse sobre las reuniones solicitadas por personas físicas o jurídicas que buscan influenciar en las funciones y/o decisiones de gestión o gobierno dentro del Poder Ejecutivo Nacional.

Entre los sujetos obligados a registrar e informar las audiencias están el Presidente, la Vicepresidenta, el Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, los Secretarios y Subsecretarios, los Directores Generales y Nacionales, Interventores Federales, autoridades superiores de organismos y Agentes públicos con categoría equivalente o superior a Director General. Solo 20 funcionarios del Poder Ejecutivo comunicaron alguna reunión.

Según pudo constatar El Cronista a través de un conteo de dicho registro, la nueva administración registró un total de 221 audiencias. El número es sustancialmente menor al que debería ser, dada la cantidad de personas abarcadas por la medida.

Por citar algunos casos, la vicepresidenta Victoria Villarruel no consignó reunión alguna de lo que va de su asunción el 10 de diciembre. Asimismo, hay cuatro ministros que tampoco informaron ningún dato. A pesar de que haya reuniones dadas a conocer en gacetillas de prensa, las respectivas áreas deben constatarla en la base de datos del Registro Único indicando motivo, los participantes, solicitantes y la síntesis de la audiencia.

En el caso del Presidente, hasta el momento de la recolección de los datos (realizado el último 2 de febrero), su equipo sólo consignó cuatro audiencias y todas con delegaciones extranjeras. Las dos primeras fueron reuniones protocolares que Milei y Mondino mantuvieron con las comitivas de China y Japón durante el 11 de diciembre; mientras que las otras dos son saludos protocolares por vía telefónica con el canciller de Alemania Olaf Scholz y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, ambas durante el 9 de enero.

El mandatario nacional no informó su agenda de visitas durante su estadía en el Hotel Libertador, propiedad del empresario Eduardo Elsztain (IRSA), lugar en el que estuvo desde la previa de las elecciones generales y hasta tres semanas después de asumir cómo presidente.

A pesar de pedidos de información pública realizados por diferentes entidades y de promesas por mayores novedades realizados por la Secretaría de Comunicación, todavía no se conoce la agenda que Milei mantuvo puertas adentro, ni siquiera luego de recibir la banda presidencial. Esto no varió con su mudanza a la Quinta de Olivos.

Según comentaron en estricto off a El Cronista, Milei "no está interesado en que se sepa" con qué entidades o personas se reunió durante su estadía en el Hotel Libertador. "No lo va a dar. Pero porque no le interesa qué puedan llegar a pensar si no lo hace", agregan.

El ranking con los funcionarios más cumplidores

Figuras que han estado en conocimiento de esta herramienta señalan que "nunca ningún gobierno registró en detalle todas las reuniones y siempre hubo un subregistro", en particular de secretarías y direcciones inferiores.

Si se compara con los registros en el mismo tiempo que llevaban en el poder, el expresidente Alberto Fernández había informado 34 audiencias y su par de Cambiemos Mauricio Macri unas 30.

De las casi 700 reuniones que registraron cada uno a lo largo de su único mandato, quien más le solicitó esos encuentros fueron sus respectivos secretarios generales de la Presidencia, Julio Vitobello y Fernando de Andreis. La funcionaria de esa área en la gestión libertaria, Karina Milei, no informó ninguna audiencia hasta la última semana. Tampoco lo hicieron los otros dos secretarios dependientes de la Presidencia, Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica) y Eduardo Serenellini (Comunicación).

La disparidad en la registración de los principales funcionarios del Gabinete es significativa. Los ministros Guillermo Francos (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad) lideran el conteo con 73 y 35 reuniones debidamente informadas, respectivamente.

En el polo opuesto, sin registros, se encuentran sus pares Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Mario Russo (Salud) y Diana Mondino (Relaciones Exteriores). Con una marca de 3 audiencias consignadas están el jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. 

Francos no es solo quien más reuniones consignó de la primera plana del Gabinete, sino de todos los funcionarios públicos obligados a registrar sus audiencias de gestión.

Por el tipo de cargo que ocupa, el ministro mantiene diversos contactos de manera diaria y además es de quien depende la Secretaría de Asuntos Políticos, la cual todavía no tiene funcionario asignado, pero que se encarga de desarrollar el sistema de carga y visualización de este registro. Según informan desde el Gobierno, la responsabilidad de que el mecanismo funcione depende de esa área, pero la obligación de volcar la información depende de cada dependencia individualmente.

Excluyendo a los ministros y otros cargos ejecutivos, el funcionario con mayor cantidad de reuniones informadas es el secretario de Comercio Pablo Lavigne, con 39. A este le siguen los secretarios Ricardo Rodríguez Milano (Provincias y Municipios, dependiente de Interior), Alejandro Cosentino (Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de Jefatura de Gabinete).

De las carteras de mayor relevancia, la más cumplidora ha sido la Interior, mientras el Ministerio de Defensa no contabilizó ninguna audiencia.

El caso de Guillermo Ferraro y la última audiencia

Si todavía estuviera en su puesto, el exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, aparecería en tercer lugar con 26 audiencias informadas.

En la última reunión que aparece fue con la empresa belga DEME, especializada en el dragado e infraestructura. Este mitin se dio un día antes de su despido informal y tuvo cómo anfitrión al jefe de Gabinete, con quien Ferraro arrastraba una ríspida relación. A pesar de que su desplazamiento no es oficial porque no fue publicado en el Boletín Oficial, el sistema ya lo cataloga cómo "no vigente".

La reunión entre el Gobierno y Burford por YPF

Hay reuniones con mayor relevancia política que otras. Muchas audiencias tienen como motivo principal la presentación entre un funcionario con una contraparte de otra provincia, país o un delegado de una empresa o asociación civil, política o social. En tanto, una reunión de alto vuelo que sea debidamente registrada tiene un baluarte mayor en términos informativos.

Rodolfo Barra solo anotició una reunión desde que asumió como el jefe de los abogados del Estado, pero esta revistió de gran importancia, dado que los solicitantes fueron representantes de Burford Capital, la firma que compró los derechos de juicio por la expropiación de YPF, iniciado por las firmas Petersen Energía Inversora y Eton Park.

Por parte de la parte litigante estuvieron el CIO de Burford Jonathan Molot (quien en el primer párrafo de su síntesis curricular expresa cómo su principal logro la sentencia de u$s 16.000 millones contra Argentina) y los referentes del área de Reestructuración e Insolvencias del estudio jurídico Kepler-Karst, Rodrigo Olivares-Caminal y Armando Betancor Alamo.

Días después, durante una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei sugirió que el Gobierno está evaluando un bono perpetuo para pagar el fallo judicial relacionado con la renacionalización de la petrolera YPF en 2012.