16 presos pidieron salir del penal por la pandemia, pero la Justicia lo rechazó

En medio de la pandemia por el coronavirus y en un marco de reclamos generalizados por parte de los presos, la Justicia de San Juan rechazó 16 pedidos de prisión domiciliarias que fueron presentados por algunos internos del Servicio Penitenciario Provincial para cumplir las condenas en sus casas. 

Según explicó a DIARIO HUARPE el juez de Ejecución Penal Alberto Caballero las solicitudes no cumplían con los requisitos establecidos para otorgarles el beneficio. Aseguró que el pedido más antiguo es del 31 de marzo de este año y se dio en el marco del coronavirus. 

“No hay especificaciones técnicas que estén en peligro las condiciones que contempla el Código Penal. En términos generales, ellos aducen que se sienten inseguros, que el penal no cuenta con las condiciones para sobreponerse a la pandemia, o que tienen miedo a contagiarse”, dijo Caballero.

Para ser beneficiario de la prisión domiciliaria, el artículo 10 del Código Penal establece una serie de condiciones: a) interno enfermo al que la privación de libertad en la cárcel le impida recuperarse; b) padecer una enfermedad incurable en periodo terminal; c) que tenga alguna discapacidad y en la cárcel no reciba trato digno; d) se mayor de 70 años; e) mujer embarazada; f) sea madre de un niño menor de 5 años o persona con discapacidad a su cargo.

Caballero dijo que quedan en estudio más de 100 solicitudes, de esas 30 están siendo analizadas por el fiscal para determinar si pueden ser beneficiarios o no, para ello se volvió a pedir al Penal de Chimbas un informe sobre las condiciones del interno y su comportamiento dentro de la unidad penitenciaria.

El funcionario judicial estima que por día irá resolviendo entre 5 a 10 pedidos. Sin embargo aclaró que todo está sujeto a la agilidad que le están imponiendo desde la Corte de Justicia durante este  tiempo de pandemia, porque de lo contrario una solicitud de prisión domiciliaria tardaba entre 3 a 4 meses en ser contemplada y resuelta.

La demora no se debía al mero trámite administrativo, sino que según lo que explicó Caballero era por las medidas de prueba que se hacen junto al fiscal tendientes a determinar cómo es la convivencia y la conducta del interno, motivos claves para adquirir el beneficio. Para esto, más allá del informe que envía el penal se pide la opinión de los psicólogos y trabajadores sociales que tratan con el preso.

Más allá de los requisitos que establece el código, para darle la prisión domiciliaria a un interno la Justicia debe asegurarse en las condiciones en las que se cumplirá la condena fuera del penal. A algunos le colocan tobilleras electrónicas y en el caso de que no dispongan de este dispositivo se deciden por la custodia policial en la puerta de la casa. Caballero dijo que el dueño del inmueble debe ser garante tutelar del interno para evitar que se dé a la fuga.

Libertad condicional

Con respecto a este otro beneficio, Caballero explicó que firmó 20 resoluciones de la cual la mitad adquirió la libertad condicional. En este caso, a diferencia de la prisión domiciliaria, a quien le otorguen esta condición ya no volverá al penal en el caso de cumplir con todos los requisitos que impone el código. Por eso, el control es más exhaustivo.

El funcionario comentó que las solicitudes rechazadas se deben a que no cumplieron con algunas condiciones, como por ejemplo, el 2/3 de la condena, o son reincidentes o cometieron delitos graves.

Reclamo y motín en Chimbas

Hace 2 semanas, internos del penal realizaron algunos disturbios en reclamo de algunos beneficios: prisión domiciliaria, libertad condicional y visita de familiares. Estos quedaron suspendidos por la pandemia del coronavirus para evitar la aglomeración de personas y los posibles contactos. De esos motines dejó como saldo la muerte de un interno Roberto Neri Barahona, de 29 años.