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Política > Limpieza de la escombrera

Pelambres: ya retiraron 1.300.000 de toneladas de roca estéril

Este mes comenzó la segunda etapa de saneamiento del botadero con una flota de diez camiones fuera de ruta de 240 toneladas de capacidad.

POR REDACCIÓN

10 de septiembre de 2018

Continúa la remoción de escombros en Cerro Amarillo por parte de la empresa chilena a cargo de Los Pelambres que, durante la Fase I del plan de trabajo, trasladó al lado chileno más de 1.300.000 toneladas de material estéril.

Para esto, Antofagasta Minerals empleó cinco camiones de 100 toneladas de capacidad cada uno para dar cumplimiento a lo estipulado.

A partir del 1 de septiembre comenzó la Fase II del plan de retiro que involucra una flota de diez camiones fuera de ruta de 240 toneladas de capacidad. Así, retirarán más de 10 millones de toneladas de roca por año.

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El botadero en Cerro Amarillo, en territorio calingastino, fue construido sin ninguna autorización. Por eso, San Juan apeló a la Justicia y marcó un hito en la historia de la minería argentina cuando, en defensa de la soberanía, logró obligar a la operadora de Los Pelambres a trasladar la escombrera a suelo chileno.

Desde el inicio de su gestión el gobernador Sergio Uñac encaró el litigio realizando numerosas gestiones junto al ministro de Minería, Alberto Hensel.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo, por pedido de Fiscalía de Estado de la provincia y el fiscal federal Francisco Maldonado, dispuso una medida cautelar para que Los Pelambres sacara el material estéril acumulado. Previo a ello la firma debía confeccionar un plan revisado por peritos del Ministerio de Minería y los designados oficialmente.

Ante la Cancillería Argentina, Uñac y Hensel gestionaron los mecanismos binacionales para que la operadora chilena se haga cargo del traslado de pasivos ambientales a un lugar pertinente en su territorio.

El plan de retiro implica un plazo de cinco años y medio, con uno más de prórroga en caso de que sea necesario ante contingencias climáticas.

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Los Pelambres deberá comunicar al magistrado todo tipo de contingencia que pudiera poner en riesgo la continuidad y el desarrollo del plan.

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