Judiciales > Causa Gran Tulum
Acueducto Gran Tulum: piden llevar la causa a la Justicia federal
Sergio Ruiz, expresidente de OSSE, pidió que la investigación pase a la Justicia federal. El juez Daniel Rafecas solicitó informes a la Justicia de San Juan.
Uno de los 11 investigados por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum pidió que la causa pase de la Justicia provincial de San Juan al fuero federal. Se trata de Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), quien presentó una inhibitoria que ya tuvo una primera respuesta del juez federal Daniel Rafecas. El magistrado solicitó informes sobre la investigación antes de resolver si corresponde cambiar la jurisdicción.
El planteo fue presentado el 9 de octubre y quedó registrado bajo el expediente CFP 5004/2026. El 13 de octubre, Rafecas ordenó requerir información a la UFI Delitos Especiales de San Juan y a la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien interviene en la audiencia de formalización prevista para este miércoles 14 de octubre.
Concretamente, el juez federal pidió conocer el objeto procesal y el estado actual de la investigación provincial. Una vez recibidos esos datos, dará intervención al fiscal federal para que se pronuncie sobre la competencia. Hasta el momento, no existe una resolución que disponga el traslado de la causa ni la suspensión de las actuaciones provinciales.
Por qué pidió cambiar de fuero
Ruiz, quien presidió OSSE entre 2015 y 2019, sostiene que las presuntas irregularidades deben ser investigadas por la Justicia federal porque el Acueducto Gran Tulum fue financiado con aportes nacionales y créditos internacionales avalados por el Estado nacional.
Según el escrito presentado por su defensa, la financiación de la obra ascendió a US$198.087.476,50, de los cuales US$99.043.738,25 correspondieron a recursos nacionales. El resto provino de créditos internacionales respaldados por la Nación.
La presentación también señala que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación participó en la supervisión de los trabajos, la autorización de desembolsos y los mecanismos de control. Con esos argumentos, Ruiz cuestiona la competencia de la Justicia sanjuanina tanto por la materia investigada como por la intervención de organismos nacionales.
La causa y los 11 investigados
La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable en San Juan que permanece inconclusa.
La UFI Delitos Especiales, encabezada en esta investigación por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, busca determinar si existieron irregularidades en las licitaciones, la compra de cañerías, los precios abonados y los controles sobre la ejecución de los trabajos.
Entre los 11 investigados figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el diputado nacional Cristian Andino; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós; Gustavo Mastelono, vinculado a Krah América Latina; el juez laboral Humberto Caballero; y Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Caruso.
La audiencia de formalización fue fijada para este miércoles 14 de octubre, a las 14.30, ante la jueza Mónica Lucero. En esa instancia, la Fiscalía deberá comunicar los hechos atribuidos a los investigados y las calificaciones legales correspondientes.
Qué pasará con el planteo
El pedido de Ruiz abre una discusión sobre qué jurisdicción debe investigar las presuntas irregularidades del Acueducto Gran Tulum. Sin embargo, la inhibitoria no significa que Rafecas haya aceptado la competencia federal.
Además, el magistrado requirió inicialmente que Ruiz designara un abogado habilitado para actuar ante ese juzgado. En una presentación posterior, fechada el 14 de octubre, el investigado aclaró su representación legal e incorporó a Patricio O'Gorman Themudo Lessa.
El próximo paso será recibir los informes solicitados a la Justicia de San Juan y dar intervención al fiscal federal. Mientras no exista una decisión que modifique la competencia, la investigación continúa en el ámbito provincial.