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Judiciales > Planteos y discusiones

Acueducto Gran Tulum: sin imputados, reprogramaron la audiencia a pedido de las partes

La jueza Mónica Lucero aceptó el planteo de las defensas y la Fiscalía, aunque expresó su desacuerdo. Los 11 investigados deberán comparecer en la próxima audiencia. Aún no se pudo imputar a nadie.

Los investigados que llegaron para escuchar la audiencia dónde se los imputará. (Foto: HUARPE).

La audiencia de formalización por la causa Acueducto Gran Tulum terminó este miércoles 14 de octubre sin que se formularan cargos contra los 11 investigados. La jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió reprogramarla después de que los abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal coincidieran en pedir una nueva fecha. La decisión se produjo tras las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, que la magistrada consideró justificadas.

Aunque Lucero aclaró que no estaba de acuerdo con la reprogramación, finalmente hizo lugar al planteo porque las partes presentes compartían esa posición. El objetivo es que en la próxima convocatoria participen los 11 investigados y que todos estén en igualdad de condiciones. La nueva fecha todavía no fue informada.

La resolución cerró una audiencia marcada por cruces entre la jueza y el fiscal Sebastián Gómez, quien cuestionó las ausencias de ambos legisladores y solicitó sus desafueros para asegurar su comparecencia.

Por qué se postergó

Los abogados de los restantes investigados pidieron entonces la reprogramación. El fiscal Gómez terminó sumándose a esa solicitud, lo que provocó un nuevo intercambio con la magistrada. Lucero dijo estar “sorprendida” por el pedido del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que nunca le habían formulado un planteo de esas características.

Ausencia y pedido de desafuero 

Uno de los principales puntos de discusión fue la ausencia de los dos legisladores nacionales. En el caso de Cristian Andino, la jueza no autorizó que interviniera por Zoom, pero sí consideró justificada su inasistencia. El diputado presentó pasajes de avión para acreditar que se encontraba en Buenos Aires por obligaciones laborales.

La decisión fue cuestionada por Gómez, quien sostuvo que los compromisos de trabajo no eran motivo suficiente para faltar a la formalización. Lucero defendió su criterio y señaló que el Ministerio Público Fiscal no necesitaba que ella le corriera vista de cada decisión para que pudiera adoptarla.

La situación de Sergio Uñac generó otra discusión. Su abogado, Marcelo Fernández, leyó una nota en la que el exgobernador fundamentó su ausencia mediante referencias a normas nacionales, provinciales y disposiciones constitucionales. En el mismo escrito anticipó que no prestaría declaración en esta audiencia y que, si resolviera declarar más adelante, lo haría por escrito.

La Fiscalía también pidió que se informara cuándo Uñac había designado a Fernández como defensor. Según el sistema judicial, el nombramiento estaba registrado desde el 5 de octubre, nueve días antes de la audiencia. Lucero terminó por justificar su ausencia.

En medio de la controversia, Gómez pidió el desafuero de Uñac y Andino para garantizar que se presentaran en la audiencia. El planteo no significó que los legisladores perdieran sus inmunidades parlamentarias ni modificó la resolución sobre sus inasistencias.

Los 11 investigados

La causa alcanza al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; al diputado nacional y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Cristian Andino; y al exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino.

También están investigados los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós; Gustavo Fabián Mastelono, vinculado a Krah América Latina, empresa proveedora de cañerías; y Humberto Gonzalo Caballero, exresponsable del área jurídica de OSSE y actual juez laboral.

La nómina se completa con Juan Sánchez, Francisco Javier José Correa y Rolando Vicente Caruso, vinculados con distintas funciones técnicas y administrativas relacionadas con la obra.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia. La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en las contrataciones y la ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra destinada a reforzar el abastecimiento de agua potable que permanece inconclusa.

Con la decisión de Lucero, la formalización deberá realizarse en una nueva audiencia, cuya fecha todavía no fue establecida.

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