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Acueducto: qué plazo tiene el Tribunal para definir la recusación a Lucero
El Código Procesal Penal establece el plazo que tiene el Tribunal de Impugnacion para resolver si da lugar o no la recusación contra la jueza Mónica Lucero. Las formalizaciones quedaron anuladas.
Por Marcos Ponce
El Tribunal de Impugnación, desde el momento que recibe el expediente, tiene tres días hábiles para resolver la recusación presentada contra la jueza de Garantías Mónica Lucero en la causa por el Acueducto Gran Tulum. La decisión será determinante para definir quién continuará al frente del expediente, que sufrió un fuerte retroceso judicial luego de que la magistrada hiciera lugar parcialmente al pedido de nulidad de las defensas y dejara sin efecto las actuaciones realizadas desde el 13 de octubre de 2026.
El plazo surge de la interpretación conjunta de los artículos 70 y 100 del Código Procesal Penal de San Juan. El primero establece que el Tribunal de Impugnación tiene competencia para resolver las recusaciones de los jueces del Colegio de Jueces. El segundo contempla un plazo de tres días para que el órgano revisor resuelva cuando el magistrado cuestionado no admite el apartamiento. A su vez, el artículo 198 determina que los plazos fijados en días se computan como hábiles y comienzan a correr al día siguiente de practicada la comunicación correspondiente.
En este caso, Lucero rechazó originalmente el planteo de apartamiento presentado por las defensas y debía remitirlo al órgano revisor. La omisión de ese procedimiento fue uno de los argumentos que derivaron en el pedido de nulidad. Ahora, la magistrada ordenó enviar la recusación, su respuesta y los antecedentes al Tribunal de Impugnación para que resuelva si puede continuar interviniendo o si corresponde apartarla.
La resolución también tuvo consecuencias sobre el avance de la investigación. Lucero declaró nulos todos los actos procesales realizados desde el 13 de octubre, por lo que las cuatro audiencias de formalización desarrolladas en noviembre quedaron sin efecto. Entre los alcanzados por esa decisión se encuentran el exgobernador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino y otros nueve investigados.
De esta manera, las once personas convocadas deberán atravesar nuevamente la audiencia de formalización ante el juez que finalmente quede a cargo. La nulidad no significa que toda la investigación haya sido anulada ni representa una absolución, sino que obliga a repetir las actuaciones procesales comprendidas en la resolución.
En paralelo, la defensa de Sergio Ruiz anticipó que insistirá con nuevas apelaciones. Nasser Uzair, abogado del expresidente de OSSE, cuestionó principalmente que Lucero haya fijado el 13 de octubre como fecha desde la cual deben retrotraerse los efectos de la nulidad. Para la defensa, el procedimiento debería remontarse hasta junio, cuando, según su interpretación, se produjo el momento que dio origen al planteo.
"Entendemos que la fecha no es el 13 de octubre, por un lado, y habría otras cuestiones también muy técnicas que vale la pena que se aclaren ante un juez superior", sostuvo Uzair, quien anticipó que recurrirá parte de la resolución ante el Tribunal de Impugnación.
Así, mientras ese tribunal debe definir la situación de Lucero, la causa del Acueducto Gran Tulum enfrenta otro frente de discusión judicial: los alcances de la nulidad que dejó sin efecto las formalizaciones y los nuevos cuestionamientos que prepara la defensa de Ruiz.