Alejandra Lázzaro cuestionó los vínculos políticos en la Justicia

La falta de sanciones a jueces y la influencia de intereses políticos y económicos en la Justicia fueron dos de los principales cuestionamientos planteados por Alejandra Lázzaro, candidata suplente de la Lista 1 Abogacía Federal para el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Lázzaro sostuvo que el sistema tiene un problema que excede la selección de magistrados y que también alcanza a los mecanismos destinados a controlar su desempeño. En ese sentido, puso como ejemplo los datos de una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que determinó que apenas el 1,3% de las denuncias contra jueces federales y nacionales terminó en una sanción o remoción.

“¿Todos fueron buenos? ¿Las denuncias se equivocaron todas?”, planteó la abogada al cuestionar que durante largos períodos prácticamente no existan sanciones frente a la cantidad de denuncias recibidas.

Para Lázzaro, una de las herramientas para modificar ese escenario es implementar auditorías que permitan medir el funcionamiento de cada juzgado. Propuso conocer cuántas sentencias dicta cada magistrado, cuánto demora en resolver y si existen diferencias llamativas en sus decisiones.

Pero además apuntó contra otro fenómeno que, según sostuvo, atraviesa al Poder Judicial: la existencia de operadores que mantienen vínculos con distintos sectores del poder político y que, a su entender, sobreviven a los cambios de gobierno.

“Operadores en la Justicia existieron siempre, pero cada vez esto es más fuerte”, sostuvo. Según explicó, esos operadores pueden cambiar de alineamiento de acuerdo con las administraciones de turno y participar en la promoción o defensa de determinados magistrados.

La candidata remarcó que no cuestiona que un abogado pueda tener participación política o integrar una administración. El problema, según su planteo, aparece cuando esa relación continúa condicionando el desempeño de un juez una vez que llega al cargo.

“El tema es que cuando llega al cargo se tiene que olvidar. No importa quién lo designó, tiene que impartir justicia”, sostuvo.

Designaciones y Justicia Federal

El planteo adquiere especial relevancia en San Juan, donde está en marcha la designación del nuevo titular del Juzgado Federal N.º 1, vacante desde la jubilación de Miguel Ángel Gálvez. El Gobierno nacional eligió al abogado mendocino Gonzalo Luis Gassull y remitió su pliego al Senado.

Gassull es secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y llegó a la terna final del concurso junto con los sanjuaninos Ezequiel Recio y Gema Guillén. El concurso comenzó con 74 postulantes y 28 participantes en el examen escrito.

La definición del Gobierno nacional sobre el candidato mendocino vuelve a poner en discusión uno de los puntos señalados por Lázzaro: cómo debe funcionar el proceso de selección para evitar que las relaciones políticas, personales o económicas tengan un peso determinante en la llegada de un magistrado a un juzgado.

En ese contexto, Lázzaro habló de los llamados “operadores” de la Justicia y sostuvo que pueden atravesar distintas administraciones políticas. Según su planteo, el problema no está en que una persona tenga vínculos políticos antes de ser designada, sino en que esos vínculos puedan proyectarse sobre su actuación una vez que ocupa el cargo.

La abogada también se refirió a la disputa por los juzgados laborales de la Ciudad de Buenos Aires y planteó que detrás de algunas discusiones por cargos judiciales pueden existir intereses económicos de sectores que eventualmente quedan alcanzados por las decisiones de esos tribunales.

“Eso es un flagelo que es muy fuerte. El poder es muy fuerte y la cantidad de dinero que ponen, inclusive en esta campaña, lo vemos”, afirmó.

Auditorías, sanciones y tecnología

Para Lázzaro, la reforma del Consejo de la Magistratura debería apoyarse en tres áreas: selección, auditoría y sanción.

En materia de control, propuso medir el funcionamiento de los juzgados con datos concretos: cantidad de sentencias, tiempos de resolución y posibles patrones de decisiones que permitan detectar eventuales arbitrariedades.

También planteó crear un cuerpo de auditores especializados para asistir al Consejo en expedientes complejos vinculados con narcotráfico, lavado de dinero o asociaciones ilícitas.

A eso sumó la incorporación de tecnología e inteligencia artificial para agilizar tareas administrativas y reducir los tiempos de los procesos judiciales.

La elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura está prevista para el 20 de octubre. Lázzaro integra como suplente la Lista 1 Abogacía Federal, que lleva a Fernando Pablo Levene como candidato titular.

Su planteo apunta a que el sistema no solamente seleccione a quienes ocuparán los juzgados, sino que también pueda controlar de manera efectiva cómo trabajan una vez que llegan al cargo y sancionar cuando corresponda.