Allanaron tres puntos de Krah por la causa del Acueducto Gran Tulum

La Justicia realizó tres allanamientos vinculados a Krah América Latina, la empresa que proveyó las cañerías del Acueducto Gran Tulum, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la obra. Los procedimientos se concretaron el lunes 7 de septiembre: uno en las oficinas administrativas de la firma en Capital y otros dos en la planta que posee en Albardón. La medida se produjo mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos y analiza si existen fundamentos para avanzar hacia una formalización.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el abogado y dirigente político Marcelo Arancibia, quien pidió investigar posibles irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del acueducto. La obra fue proyectada para ampliar la provisión de agua potable en el Gran San Juan, pero quedó paralizada y derivó en una investigación judicial sobre distintos aspectos de su contratación, los materiales adquiridos y las decisiones tomadas durante su desarrollo. En los últimos meses, además, la Justicia autorizó una nueva extensión de 90 días para que el Ministerio Público Fiscal profundice la investigación.

En diálogo con Radio Amanecer, Arancibia confirmó que tenía conocimiento de los procedimientos y vinculó los allanamientos con un posible avance de la investigación. “Aparentemente en los últimos días la investigación penal preparatoria ha tomado una fuerza y una determinación aparentemente muy importante para que los fiscales de la causa lleguen a una conclusión”, sostuvo.

El abogado señaló que, además de los allanamientos, se habría convocado a personas que tuvieron participación tanto desde el sector público como desde el privado en distintas etapas de la licitación y construcción del acueducto. Aclaró que, por el momento, no se trata necesariamente de indagatorias y que la causa todavía se encuentra en una etapa previa a la formalización.

Una investigación que lleva 10 meses

Arancibia recordó que este miércoles se cumplieron diez meses desde la presentación de su denuncia y cuestionó el tiempo transcurrido para concretar algunas medidas que, según afirmó, había solicitado desde el comienzo.

“Estos allanamientos yo los pedí el 9 de diciembre”, aseguró. Según explicó, también había solicitado el secuestro de teléfonos celulares y computadoras de personas vinculadas con la investigación.

El denunciante planteó que el paso del tiempo puede afectar la utilidad de determinadas medidas de prueba. “Después de 10 meses eso, si bien los diques tienen poca agua, es muy probable que estén en el fondo de algún dique”, graficó.

En paralelo, el expediente continúa bajo reserva durante esta etapa. La jueza de Garantías Mónica Lucero había autorizado recientemente la extensión del plazo investigativo por otros 90 días, mientras rechazó planteos de abogados de personas vinculadas a OSSE que pretendían intervenir en la causa antes de una eventual formalización.

Qué puede pasar después de los allanamientos

Los elementos obtenidos durante los procedimientos deberán ser analizados por los investigadores. Si la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener las sospechas iniciales, podría solicitar una audiencia de formalización. Hasta el momento, no existen personas formalmente imputadas en la causa.

Arancibia sostuvo que será necesario esperar esa eventual definición para conocer qué delitos se investigarían y quiénes quedarían alcanzados. “Habrá que esperar si sale la formalización, en términos de cuáles serían los delitos que se van a investigar y a quiénes preventivamente se le van a atribuir”, señaló.

Uno de los aspectos que forma parte de la denuncia original es la hipótesis de una posible licitación direccionada. “En un principio apunté a la posibilidad de una licitación amañada, decir, armada para que ganara una empresa determinada y a partir de ahí se pagaran sobrecostos”, explicó.

También planteó que la Justicia deberá determinar si las cañerías adquiridas eran adecuadas para el destino previsto. “Esto es lo que tiene que investigar la Justicia de San Juan, como también la calidad de los caños, si servían o no servían para transportar agua porque era que es un alimento”, sostuvo.

En septiembre también tomó relevancia un documento de OSSE fechado en 2016 que acredita que Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, actuó como apoderado de Krah. El documento forma parte de los antecedentes que rodean la relación entre la empresa proveedora y el organismo estatal durante el desarrollo del proyecto.

El plazo y el eventual perjuicio económico

Arancibia advirtió además sobre el vencimiento del plazo de investigación y sostuvo que la Fiscalía deberá definir si formaliza la causa, la desestima o la archiva antes de que concluya la extensión vigente.

“Lo importante, si sale la formalización, es que se interrumpen los plazos de prescripción”, afirmó.

El abogado estimó que el eventual perjuicio económico para la provincia podría ubicarse entre los 100 y los 210 millones de dólares, al considerar distintos componentes vinculados con la obra. Aclaró que se trata de una estimación dentro de su planteo y que será la investigación judicial la que deberá establecer si existió efectivamente un perjuicio y cuál fue su magnitud.

“Si acá se han perdido 210 millones de dólares, ahora tenemos que endeudarnos en 600”, sostuvo, al comparar el eventual impacto económico de la obra con otras operaciones financieras de la provincia.

Para Arancibia, el objetivo de la investigación debe ser llegar a una definición judicial, independientemente de cuál sea el resultado. “Lo mejor que puede pasar ahora es que vayamos a juicio y que ahí se determine, se formalice por eso y comience el proceso de juicio y que termine claramente en una sentencia que pueda ser condenatoria o absolutoria”, afirmó.

Por ahora, los tres allanamientos a Krah constituyen el principal movimiento reciente de la causa. La documentación y los elementos secuestrados deberán ser evaluados por la Fiscalía antes de determinar los próximos pasos del expediente, que continúa en etapa de investigación y sin imputaciones formales.