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Apuntan a cinco jueces por una práctica cuestionada por Confías
Tras el comunicado de Confías por el tema de revictimización, fuentes judiciales calificadas señalaron a cinco magistrados.
El debate que se abrió en San Juan tras el comunicado de la asociación civil Confías y la respuesta de fiscales del sistema acusatorio tiene ahora nombres propios. Fuentes judiciales calificadsa consultadas por DIARIO HUARPE coincidieron en señalar que son cinco los jueces que habitualmente exigen la presencia de las víctimas cuando deben analizar acuerdos o medidas alternativas al juicio, una práctica que desde la entidad consideran una forma de revictimización.
Se trata de los jueces Pablo León, Gabriel Meglioli, Celia Álvarez de Maldonado, Javier Figueroa y Diego Sanz, quienes integran distintos organismos del fuero penal y que, según las fuentes, suelen requerir la participación de las víctimas cuando se analizan soluciones alternativas al juicio, acuerdos abreviados u otros mecanismos previstos por el sistema acusatorio.
No obstante, las mismas fuentes judiciales realizan una distinción respecto de la jueza Celia Álvarez de Maldonado. Si bien la incluyen dentro del grupo de magistrados que habitualmente solicitan la participación de las víctimas antes de resolver acuerdos o medidas alternativas, destacan que es la única que suele admitir que esa intervención se realice de manera remota.
Según explican, la magistrada acepta que las víctimas puedan conectarse por videollamada u otros medios tecnológicos cuando las circunstancias así lo justifican, evitando así que deban concurrir personalmente a tribunales. Para las fuentes consultadas, esa flexibilidad marca una diferencia respecto del criterio aplicado por el resto de los jueces señalados.
La discusión tomó estado público luego de que Confías difundiera un duro comunicado en el que cuestionó determinadas prácticas judiciales vinculadas con el tratamiento de las víctimas dentro del proceso penal. La organización sostuvo que obligar a una víctima a concurrir nuevamente a una audiencia para reiterar situaciones traumáticas o expresar una posición que ya fue incorporada al expediente puede constituir una forma de revictimización.
El planteo generó una inmediata reacción de integrantes del Ministerio Público Fiscal. Desde ese sector defendieron el funcionamiento del sistema acusatorio y remarcaron que las víctimas cuentan con herramientas para ser escuchadas durante todo el proceso. Sin embargo, detrás de la discusión institucional comenzó a instalarse una pregunta concreta: quiénes son los magistrados que mantienen el criterio de exigir la presencia personal de las víctimas en este tipo de instancias.
De acuerdo con las fuentes consultadas, estos nombres aparecen de manera recurrente cuando se menciona este criterio dentro del fuero penal. Según explican, estos jueces consideran que escuchar directamente a la víctima permite verificar su posición respecto del acuerdo alcanzado por las partes y garantizar que sus derechos sean respetados antes de homologar una resolución.
No obstante, desde sectores vinculados a la asistencia y protección de víctimas sostienen una visión diferente. Argumentan que, en muchos casos, la opinión de la víctima ya fue recabada previamente por fiscales, querellantes o equipos interdisciplinarios, por lo que exigir una nueva comparecencia puede implicar que vuelva a enfrentarse a hechos dolorosos que ya fueron relatados durante la investigación.
La controversia expone una tensión que atraviesa al sistema penal moderno: cómo equilibrar el derecho de las víctimas a participar activamente en el proceso con la necesidad de evitar situaciones que puedan generar un nuevo daño emocional.
En ese contexto, el comunicado de Confías volvió a poner sobre la mesa el alcance de la intervención de las víctimas dentro del sistema acusatorio y abrió un debate que trasciende un caso puntual. Mientras fiscales, organizaciones vinculadas a víctimas y magistrados sostienen posiciones diferentes sobre el tema, las miradas se concentran en los cinco jueces identificados por fuentes judiciales como quienes más habitualmente aplican este criterio al momento de analizar acuerdos o medidas alternativas dentro del sistema penal.