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ATE afirmó que el 96% de los estatales aprobó el examen de idoneidad y pide que pasen a planta

El sindicato ATE informó que la mayoría de los empleados superó la prueba impuesta por el Gobierno. Exigen estabilidad laboral y critican la medida como un intento de desprestigio al sector público. 

POR REDACCIÓN

17 de diciembre de 2024

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que el 96% de los empleados estatales que rindieron el examen de idoneidad superaron la prueba impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Desde el sindicato reclaman que quienes aprobaron sean incorporados a la planta permanente del Estado, especialmente aquellos cuyos contratos vencen a fin de año.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo: "El 96% de los trabajadores demostró su capacidad, lo que deja sin fundamentos los intentos de estigmatizar al empleo público". En sus declaraciones, el dirigente también señaló que, según el artículo 14 bis de la Constitución, los empleados que aprobaron deben acceder a la estabilidad laboral que garantiza el pase a planta permanente.

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El examen de idoneidad, que abarca a cerca de 40.000 empleados estatales, evalúa competencias como razonamiento lógico, comprensión de textos y conocimientos específicos en normativa pública. Sin embargo, la resolución que regula esta evaluación establece que su aprobación no es vinculante, lo que implica que no asegura la continuidad laboral.

"Estamos demostrando nuestra idoneidad, mientras el Ejecutivo persiste en políticas que buscan desprestigiar al empleo público. Ahora corresponde garantizar la estabilidad de los trabajadores, ya sea con el pase a planta o con contratos renovados automáticamente por al menos un año", afirmó Aguiar.

Además, el dirigente planteó que los funcionarios también deberían ser evaluados: "Es hora de que establezcamos un mecanismo para medir la capacidad de gestión de los directores, subsecretarios y ministros que no acceden a sus cargos por elección".

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Desde el Gobierno defendieron la medida, asegurando que los exámenes no buscan dejar a nadie sin empleo, aunque quienes desaprueben en tres intentos quedarán inhabilitados para trabajar en el Estado. Según el cronograma oficial, todos los empleados deberán completar las evaluaciones antes de febrero de 2025.

Mientras tanto, el sindicato advirtió que continuará presionando para que las pruebas no se utilicen como excusa para precarizar aún más a los trabajadores del sector público.

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