Autorizaron la privatización del Belgrano Cargas: cómo será la licitación

El Gobierno autorizó la privatización del Belgrano Cargas y Logística y habilitó el llamado a licitación para que empresas privadas operen la red ferroviaria durante 50 años. La resolución fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y establece las condiciones para avanzar con la concesión de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. 

La red bajo la órbita de la empresa estatal alcanza unos 7.600 kilómetros de vías y atraviesa 16 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. 

El proceso contempla un esquema dividido en tres partes. Por un lado, se concesionarán las vías y los inmuebles ubicados a sus alrededores a dos empresas privadas, que deberán encargarse del mantenimiento de la infraestructura y podrán cobrar peajes por el uso de los ramales.

Por otro lado, habrá dos concesionarios para los talleres ferroviarios, también por 50 años. Estos tendrán a su cargo la reparación y puesta a punto de las formaciones que circulen por las distintas líneas. 

La tercera parte estará relacionada con el material ferroviario. El Gobierno prevé vender mediante remate público las locomotoras y los vagones que actualmente son propiedad del Estado y están bajo administración de Belgrano Cargas. Las empresas que los compren deberán ponerlos a punto y podrán posteriormente alquilar las formaciones. 

Las compañías interesadas podrán presentar ofertas únicamente por la concesión y explotación de las vías o sumar la adquisición del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.

Una cláusula que excluye a empresas controladas por Estados extranjeros

Uno de los puntos centrales del pliego establece que no podrán participar las compañías controladas de manera directa o indirecta por gobiernos extranjeros. La restricción tampoco se limita a empresas estatales: alcanza a sociedades cuyo control esté en manos de un Estado soberano a través de otras estructuras empresariales. 

Aunque la condición es conocida como una cláusula “anti-China”, el pliego no menciona específicamente a ese país. El criterio apunta, en términos generales, a impedir que empresas bajo control de gobiernos extranjeros accedan a la concesión de esta infraestructura considerada estratégica.

La licitación pública nacional e internacional se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR. Las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59, mientras que la apertura de los sobres está prevista para ese mismo día después de las 10. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la decisión y sostuvo que el objetivo es que el sector privado aporte capital, experiencia y asuma el riesgo de la operación, mientras el Estado deja de ocupar un rol que, según planteó, no logró sostener de manera eficiente.