Ben Gvir muestra dónde ejecutará a palestinos condenados en Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, exhibió el lugar donde se construye una “unidad especializada” para llevar a cabo ejecuciones en la horca de condenados a muerte por terrorismo en Cisjordania.

“Prometí promulgar una ley de pena de muerte para los terroristas, eso se cumplió. Y ahora también empiezan a tomar forma el pabellón de condenados a muerte y las instalaciones para las ejecuciones por ahorcamiento”, dijo el cuestionado funcionario.

Agenda punitiva

Las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, responden a la ratificación de una agenda punitiva extrema impulsada por el sector más radical del gobierno de coalición. 

La legislación sancionada por la Knéset en marzo instaura la pena de muerte en la horca de forma predeterminada para residentes palestinos de Cisjordania juzgados en tribunales militares por actos catalogados como terroristas. 

Debido a que los ciudadanos israelíes que cometen delitos en esos territorios son procesados por la justicia civil, la norma ha sido denunciada por organismos internacionales y de derechos humanos como un esquema discriminatorio de doble vara moral y penal.

El despliegue mediático de Ben Gvir —al exhibir el pabellón de la muerte y anticipar palcos de observación para los familiares de las víctimas— busca consolidar el respaldo de su base electoral y presionar por la aplicación efectiva de la pena máxima, mientras la situación sobre el terreno se mantiene convulsa.

Situación actual en Gaza y Cisjordania

Aunque en octubre de 2025 se anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas para frenar los enfrentamientos de gran escala en la Franja de Gaza, las hostilidades no se han detenido por completo. 

Organismos de Naciones Unidas y la Cancillería palestina denuncian violaciones continuas a la tregua a través de bombardeos selectivos, disparos de artillería y ataques con drones.

Desde el inicio de las operaciones militares en octubre de 2023 hasta agosto de 2026, el Ministerio de Salud de Gaza reporta más de 73.400 palestinos muertos y más de 174.000 heridos. Solamente desde la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego en octubre de 2025, se han registrado más de 1.270 fallecidos por incursiones y ataques aéreos intermitentes.  

Paralelamente, en Cisjordania la violencia se ha intensificado mediante incursiones militares periódicas en campamentos de refugiados (como Yenín y Tulkarem) y un incremento constante en los ataques perpetrados por colonos israelíes contra la población local.

Durante los momentos más crudos de la contienda (entre late 2023 y 2025), las Fuerzas de Defensa de Israel arrojaron un promedio estimado de entre 100 y 300 bombas y misiles diarios sobre el territorio gazatí. En la actualidad, aunque la frecuencia general de las incursiones masivas se redujo tras el cese al fuego, la aviación y la artillería continúan ejecutando ataques focalizados día a día, acumulando una destrucción que abarca cerca del 82% de las edificaciones de la Franja.  

El reclamo alemán

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, criticó con dureza las declaraciones del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, sobre "asesinatos selectivos" de palestinos en Gaza. En Berna, durante una visita a Suiza, las calificó de "inadmisibles" y "totalmente inaceptables".

Wadephul afirmó que la UE evaluará ahora las consecuencias de estos "exabruptos misántropos" y subrayó: "Alemania participará" en esas deliberaciones, sin concretar por el momento posibles medidas.

En declaraciones previas, el funcionario de extrema derecha israelí afirmó: "Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a 30 o 40 cada noche. No solo aquellos que representan una amenaza inmediata: hay personas allí que no son dignas de vida. No deberían vivir. Ni siquiera son personas".

Justicia internacional en suspenso

La CIJ es el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y juzga únicamente conflictos de responsabilidad entre Estados, no a personas individuales.

Sudáfrica demandó formalmente a Israel ante la CIJ por presuntas violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, la CIJ ha dictado varias órdenes de medidas provisionales vinculantes exigiendo a Israel detener actos que puedan constituir genocidio y garantizar la entrada de ayuda humanitaria.  

La CIJ no juzga penalmente (no envía a nadie a la cárcel). Los juicios por genocidio entre Estados duran años debido a las etapas de alegatos de las partes; los plazos de presentación de argumentos se extienden habitualmente por varios años antes de llegar a una sentencia definitiva.

En noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dictó órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. La fiscalía de la CPI los acusa formalmente de crímenes de guerra (uso del hambre como método de guerra) y crímenes de lesa humanidad (asesinato, persecución y otros actos inhumanos).  

El juzgamiento no ha comenzado formalmente: Para que la CPI celebre un juicio, el acusado debe estar físicamente presente en el tribunal en La Haya; la CPI no juzga en ausencia.

Las principales razones por las que los responsables políticos y militares no se encuentran en el banquillo de los acusados son de carácter jurídico y geopolítico. 

Israel no ratificó el Estatuto de Roma (el tratado creador de la CPI) y no reconoce la competencia de la corte sobre sus ciudadanos o territorio. No obstante, la CPI ejerce jurisdicción porque el Estado de Palestina sí es miembro del tratado desde 2015 y ratificó la competencia sobre los territorios ocupados.

Ausencia de una fuerza policial propia: Ni la CIJ ni la CPI poseen un cuerpo policial internacional. La CPI depende de que sus 125 Estados partes ejecuten la orden de arresto si los acusados pisan su territorio. Aunque legalmente están obligados, ciertos países aliados han expresado reparos o se niegan a ejecutar la detención.  

El Consejo de Seguridad es el encargado de hacer cumplir las resoluciones vinculantes de la CIJ. Sin embargo, Estados Unidos —miembro permanente con derecho a veto— ha bloqueado de forma reiterada la adopción de sanciones o medidas coercitivas directas contra Israel.