Cámara Minera afirma que se "armonizaron los marcos" entre ley de desarrollo y RIGI

Tras la presentación del proyecto de ley de Desarrollo Minero que ingreso la semana pasada a la Cámara de Diputados de San Juan, las màximas autoridades de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) se manifestaron al respecto. “Del proceso de debate en la legislatura y del proceso de reglamentación tiene que surgir esa certeza de que no hay conflictos”, afirmó José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y country manager de Vicuña, al ser consultado por DIARIO HUARPE sobre si las empresas se comprometen a no judicializar la ley de desarrollo local minero en caso de que surjan conflictos con el RIGI.

“Después no puedo contestar por cada empresa en particular. Cada proyecto es un tema en sí mismo y cada aplicación al RIGI es particular de cada proyecto”, agregó Morea, evitando un compromiso cerrado.

Por su parte, Michael Medding, gerente del proyecto Los Azules, fue más directo: “Nos interesa que sea una ley que es cumplible, una ley que facilita el desarrollo. Si yo quiero tener financiamiento internacional, me van a preguntar si el proyecto es capaz de cumplir con todas las normativas en Argentina. Si digo que no, tengo un problema. El mercado internacional es muy blanco y negro”.

Ambos ejecutivos coincidieron en que el gobierno provincial trabajó con el sector privado para evitar un choque normativo, pero la pregunta sobre la judicialización quedó abierta.

“El gobierno consultó a la cámara para armonizar los marcos”

José Morea recordó que durante la elaboración del proyecto, el gobierno provincial buscó consensos con el sector privado. “Durante el proceso de confección del borrador, el gobierno consultó con la cámara y con otros actores si había forma de armonizar el marco regulatorio nacional del RIGI con la ley de desarrollo local”, afirmó.

Morea aseguró que el proyecto enviado a la Legislatura tiene “contemplada esa armonización entre los dos marcos regulatorios, provincial y nacional”. “La verdad que creemos que se dieron pasos positivos en ese sentido”, agregó.

Sin embargo, aclaró que no puede responder por cada empresa en particular. “Cada proyecto es un tema en sí mismo y cada aplicación al RIGI y cada incorporación al régimen es particular de cada proyecto”, señaló.

Medding: “La ley debe ser cumplible”

Michael Medding fue más enfático al analizar el impacto de la ley en la viabilidad financiera de los proyectos. “Lo que hemos leído está de acuerdo con eso. Es una ley orientada al fomento de inversión y desarrollo, que está en línea con lo que queremos hacer”, afirmó.

Sin embargo, dejó una puerta abierta a posibles ajustes. “Hay que ver qué sale del proceso legislativo. Lo que es importante es que las normas sean cumplibles. En cuanto no son cumplibles, son complejos a la hora de encuadrarlos en normativa internacional, de levantar financiamiento”, advirtió.

El blindaje del RIGI y la ley provincial

El artículo 222 de la Ley 27.742 (RIGI) establece que las normas provinciales y municipales no pueden “alterar, modificar ni restringir” los beneficios otorgados a los proyectos adheridos. Esto genera una protección de 30 años para las inversiones.

El proyecto de Desarrollo Local Minero fija metas de 80% de empleo local y 60% de compras a proveedores sanjuaninos, con una definición de “proveedor local” más restrictiva que la del RIGI (que considera “local” a cualquier proveedor argentino). Además, exige que los proveedores tengan establecimiento operativo, domicilio legal y fiscal en San Juan, y que al menos el 80% de su personal sean trabajadores locales.

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, insistió en declaraciones mediáticas previas que la ley no es de “cupos obligatorios” sino de “metas” e “incentivos”, pero la norma también contempla sanciones de hasta 60.000 unidades tributarias para quienes no cumplan.

El proyecto ya está en la Legislatura y deberá ser tratado en comisiones. Morea y Medding coincidieron en que el diálogo previo con el gobierno fue positivo, pero que el resultado final dependerá del debate parlamentario y la reglamentación.