Caso Branka Motors: cinco años de cárcel y sin devolución de dinero

La megacausa por las estafas cometidas a través de la firma Branka Motors está a punto de llegar a una etapa definitiva en los tribunales de San Juan. Los tres acusados, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, decidieron evitar el juicio convencional y aceptar una condena de cinco años de prisión efectiva tras defraudar a unas 350 personas. El abogado de los imputados, José Daniel Tejada, confirmó que "la decisión fue acordada con Fiscalía" y que se presentará formalmente ante la jueza de Garantías Carolina Parra en la audiencia fijada para el próximo miércoles.

El conflicto legal dejó un perjuicio económico estimado en $524.000.000 que no serán devueltos en esta instancia penal. Según explicó el defensor de los implicados, "el juicio abreviado es para que sus defendidos cumplan una pena de 5 años de prisión" y aclaró que "con ese paso, la causa penal quedará cerrada y que la devolución de la cifra millonaria deberá ser discutida en una instancia civil". Esto implica que los damnificados que buscan recuperar sus inversiones deberán iniciar ahora nuevas demandas de carácter civil.

El mecanismo utilizado por la empresa consistía en ofrecer rodados a valores muy inferiores a los de mercado, lo que atrajo rápidamente a cientos de compradores. El caso estalló entre diciembre y enero pasados con la denuncia de Guadalupe Ailén Céspedes, quien pagó $1.700.000 por una moto que jamás recibió. Aunque en mayo existió un principio de acuerdo para la reparación integral del daño, el pacto fracasó porque los acusados no realizaron el primer pago previsto de las cinco cuotas pactadas.

A raíz de aquel incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia solicitó la baja del convenio y los imputados fueron trasladados al Penal de Chimbas bajo prisión preventiva. Sobre la audiencia que se llevará adelante el miércoles a las 11, Tejada remarcó que "se trata de un acuerdo entre sus defendidos y Fiscalía, al que los querellantes se pueden oponer, pero esa postura no es vinculante para la decisión de homologación de la jueza". El cierre de este proceso penal representa un hito en el sistema acusatorio provincial por la magnitud de la defraudación, que alcanzó a más de 530 personas.