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Caso computadoras: cinco imputados por fraude contra la Provincia
La Justicia imputó a cinco personas por la compra de equipos informáticos para la Policía, en la gestión Uñac, que fueron pagados, pero nunca llegaron a destino.
La investigación por la millonaria compra de computadoras destinadas a la Policía de San Juan dio un paso clave con la imputación de cinco personas, acusadas de integrar una maniobra que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado provincial. El expediente, que comenzó a investigarse tras detectarse que los equipos nunca estuvieron donde debían, quedó definitivamente en la Justicia local luego de que el 13 de mayo de 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera que la competencia correspondía a los tribunales sanjuaninos.
La principal imputada es María de Lourdes Quiroga Coll, de 37 años, titular de la empresa SCH, quien afronta cargos por fraude en perjuicio de la administración pública. Junto a ella fueron acusados el subcomisario Juan José Valverde, de 43 años, actualmente destinado en la Sección Bomberos D-9; el comisario Juan José González, de 47 años, jefe de la Comisaría Buenaventura Luna de Rawson; el comisario mayor retirado Jorge Santoni, de 51 años; y el ingeniero electromecánico Enzo Fava, de 36 años, actual empleado de la Municipalidad de Rawson. A estos cuatro últimos se les atribuyen los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el expediente administrativo comenzó el 3 de enero de 2023, cuando Carlos Munisaga se desempeñaba como secretario de Seguridad y Uñac era gobernador. Luego, el 5 de mayo de ese año, mediante un decreto se adjudicó a la empresa SCH la provisión de equipamiento informático por alrededor de 90 millones de pesos.
La contratación comprendía la entrega de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets. Sin embargo, según la investigación, el 1 de junio de 2023 se firmaron las actas que certificaban la recepción de esos equipos y durante ese mismo mes la Provincia abonó la compra en tres pagos, pese a que el equipamiento nunca habría ingresado a dependencias policiales.
La maniobra comenzó a descubrirse cuando el entonces jefe de Policía en la gestión Orrego, Lirola, advirtió que las computadoras no estaban en poder de la fuerza. Más tarde, la propia Quiroga Coll reconoció en un escrito presentado ante Fiscalía de Estado que los equipos permanecían almacenados en un depósito de Electro 3, una situación que terminó por disparar la investigación penal.
Tras varios planteos sobre qué fuero debía intervenir, la Corte Suprema despejó la discusión al establecer que el caso debía continuar en la Justicia provincial. Con esa definición, la Fiscalía avanzó con las imputaciones y la causa ingresó en una nueva etapa, orientada a determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados en una contratación que, según la hipótesis acusatoria, simuló la recepción de bienes públicos que nunca llegaron a destino.