Caso robarruedas: la audiencia que enfrentó a jueces y fiscales

Lo que comenzó como una audiencia para definir la situación procesal de dos integrantes de la denominada banda de los robarruedas terminó convirtiéndose en el detonante de un fuerte debate dentro del sistema judicial sanjuanino. El enfrentamiento entre la fiscal Claudia Salica y el juez de Garantías Diego Manuel Sanz derivó días después en un comunicado institucional del Consejo de Fiscalías y Asesorías de la Provincia de San Juan (CONFIAS), que cuestionó duramente algunos criterios aplicados por magistrados en audiencias penales.

La controversia surgió durante una audiencia en la que los imputados Carlos Maximiliano Páez y Nelson Arturo Vivares intentaban acceder a una reparación integral para evitar una condena penal. Ambos ofrecieron el pago de un millón de pesos a cada una de las víctimas luego de que la investigación avanzara hacia una calificación legal menos gravosa que la inicialmente atribuida.

Sin embargo, cuando el acuerdo parecía encaminado, surgió el punto de conflicto. El juez Sanz sostuvo que antes de homologar la reparación integral debía garantizarse que las víctimas estuvieran debidamente notificadas y contaran con la posibilidad de participar en la audiencia, ya fuera de manera presencial o virtual. El magistrado fundamentó su postura en principios como la igualdad de las partes, la contradicción y la inmediación.

La fiscal Claudia Salica rechazó ese criterio y afirmó que la exigencia no surge de la normativa aplicable a este tipo de casos. Durante la audiencia calificó la postura como "antojadiza e ilegal" y sostuvo que obligar a las víctimas a asistir puede terminar afectando sus propios derechos. La tensión llegó a tal punto que la representante del Ministerio Público Fiscal intentó recusar al magistrado, planteo que fue rechazado. Finalmente, el acuerdo quedó en suspenso y se dispuso un cuarto intermedio.

Lo ocurrido no quedó limitado a ese expediente. Días después, CONFIAS difundió un comunicado institucional en el que expresó su preocupación por una práctica que, según sostiene, se registra con creciente frecuencia en las audiencias penales de San Juan.

El organismo señaló que algunos jueces de Garantías están exigiendo requisitos que no encuentran sustento en la Ley 1851-O ni en otras normas procesales vigentes. Entre esos supuestos mencionó específicamente la exigencia de comparecencia física de víctimas que ya prestaron su consentimiento por escrito de manera libre, voluntaria e inequívoca ante representantes del Ministerio Público Fiscal.

La postura del Consejo fue aún más contundente al sostener que obligar a una víctima a comparecer nuevamente frente a quien le ocasionó un daño constituye una forma de "revictimización institucional". Además, remarcó que la única fuente del derecho procesal es la ley y que ningún magistrado puede crear requisitos que el legislador no haya establecido expresamente.

En paralelo, fiscales consultados sobre la controversia explicaron que el respaldo institucional no está dirigido exclusivamente a Salica. Según indicaron, se trata de una problemática que afecta a distintas unidades fiscales y que se repite en numerosas audiencias vinculadas a soluciones alternativas del conflicto.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que las víctimas son debidamente informadas de cada acuerdo y que sus consentimientos pueden acreditarse mediante actas firmadas, comparecencias personales o incluso mecanismos virtuales. Por ello consideran que exigir una nueva presentación presencial genera demoras innecesarias y, en algunos casos, provoca que las víctimas desistan de continuar participando del proceso.

Mientras tanto, la discusión jurídica permanece abierta y promete convertirse en uno de los debates más relevantes dentro de los tribunales sanjuaninos. Lo que se resuelva en la causa de los robarruedas podría sentar un precedente sobre el alcance de los derechos de las víctimas y los requisitos necesarios para homologar reparaciones integrales en el sistema acusatorio provincial.