Caso Tellechea: fiscal pidió prisión perpetua para siete acusados

En una jornada clave del juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, el fiscal federal Francisco Maldonado no solo pidió prisión perpetua para siete imputados, sino que encendió las alarmas al anunciar una nueva línea de investigación: la complicidad dentro del Poder Judicial. Según expuso, un funcionario judicial habría actuado de forma corrupta para beneficiar a los exdirectivos de la Mutual de la UNSJ, principal foco de conflicto con Tellechea antes de su desaparición.

Maldonado sostuvo que los exdirigentes Luis Moyano y Miguel Del Castillo, con el apoyo del abogado César Oro —hermano de uno de los imputados y actual defensor oficial del Poder Judicial—, maniobraron para que se designara una perito contable “a medida” en una causa del fuero local. A través de escuchas telefónicas, el fiscal mostró cómo los acusados coordinaron con el funcionario judicial José Sánchez, del Primer Juzgado de Instrucción, para apartar al perito original y nombrar a Paola Ginestar, quien luego elaboró un informe favorable que los desligaba de toda maniobra fraudulenta.

“La pericia contable que los defensores presentan como prueba de inocencia es, en realidad, evidencia de su capacidad de manipular las instituciones para garantizar impunidad”, afirmó el fiscal. En el entramado también aparece Alejandra Cuadros, entonces directora de Contabilidad de la UNSJ y pareja de Del Castillo, quien habría ayudado a seleccionar al perito.

El pedido de prisión perpetua incluye a los exdirectivos Moyano, Del Castillo, Eduardo Oro, Luis Alonso y “Lali” Flores, así como a los exjefes policiales Miguel González y el exresponsable de Seguridad Personal, por encubrir la desaparición del ingeniero. Maldonado remarcó que desviaron intencionalmente la investigación hacia la hipótesis de un Tellechea prófugo, basada en una supuesta maniobra financiera que, con la pericia trucha, se presentó como justificativo.

En su alegato, Maldonado también hizo hincapié en el hallazgo de una caja con transcripciones clave —ocultadas durante casi 20 años— en la exbodega Cavic. Este material fue aportado por el entonces jefe de Policía Luis Martínez y confirmó el encubrimiento sistemático del caso. “Esa información, valorada por un Poder Judicial imparcial, habría bastado para condenar a los responsables hace 18 años”, sentenció.

El fiscal trazó paralelismos con la desaparición de Jorge Bonil durante la dictadura, destacando cómo los mecanismos de encubrimiento estatal se replican en democracia. “A Bonil lo hicieron pasar por desertor. A Tellechea, por prófugo”, dijo, subrayando que la desaparición forzada siempre guarda un nexo con el poder estatal.

Con este nuevo enfoque que apunta a la connivencia judicial y policial, el caso Tellechea toma un giro contundente: ya no solo se trata de una desaparición forzada, sino de una presunta red de corrupción institucional que operó para garantizar la impunidad de los autores.