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Cayeron en San Juan “Los Millonarios”, acusados de mover $700 millones con la droga
La investigación federal derivó en diez detenciones y allanamientos en Chimbas, Rawson y Villa del Carril. Cuatro imputados quedaron con prisión preventiva.
POR REDACCIÓN
Una presunta organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos fue desarticulada en San Juan después de casi un año y medio de investigación. La banda, conocida como “Los Millonarios”, está acusada de ingresar estupefacientes desde Bolivia y Mendoza para comercializarlos en el Gran San Juan y de realizar movimientos de dinero por cientos de millones de pesos.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina e incluyó una decena de allanamientos realizados el jueves pasado en Chimbas, Rawson y Villa del Carril. Como resultado, diez personas fueron detenidas. Además, la causa involucra a un undécimo sospechoso que ya estaba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.
Entre los principales acusados se encuentra Cristian Fernando Aciar, conocido como “El Ojudo”, señalado por la Fiscalía como el presunto organizador de la estructura. También fue detenido Franco Gabriel Ávila López, un martillero público al que los investigadores atribuyen la administración y el presunto blanqueo de fondos provenientes de las actividades ilícitas.
Una investigación por movimientos millonarios
La causa comenzó en mayo de 2025 a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la presunta existencia de una banda con base en Chimbas. Según ese aviso, en una de las viviendas vinculadas con la organización habría 50 kilos de cocaína.
A partir de esa información, efectivos de la Policía Federal desarrollaron tareas de vigilancia, seguimientos y escuchas telefónicas para reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura criminal.
Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las operaciones financieras atribuidas a Ávila López. Según expuso el fiscal federal Nicolás Ayestaran durante la audiencia de formalización, el martillero habría realizado transferencias por más de $694 millones durante 2025 y recibido más de $643 millones. También se detectaron movimientos de dinero con otros investigados y operaciones en dólares superiores a los US$5.000.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron estupefacientes, armas de fuego, balanzas y dinero en efectivo. Sin embargo, la Fiscalía señaló que en los domicilios no se encontraron cantidades significativas de droga. Los investigadores sospechan que parte de la mercancía pudo haber sido retirada antes de los procedimientos porque algunos involucrados habrían tenido conocimiento de los operativos.
Cuatro imputados quedaron presos
Este lunes, los diez detenidos comparecieron ante la jueza de garantías Eliana Ratta, quien resolvió dictar prisión preventiva para Aciar, Fernando Ezequiel Cáceres Palacio, Martín Santiago Rosales Tobares y Ávila López. Los cuatro fueron trasladados al penal de Chimbas.
La Fiscalía atribuyó a Aciar los delitos de narcotráfico agravado y lavado de activos, además de señalarlo como presunto organizador de la banda. Cáceres Palacio y Rosales Tobares fueron imputados por esos mismos delitos, mientras que Ávila López enfrenta una acusación por lavado de activos agravado por habitualidad.
En tanto, Esteban Fabián Riveros Firmapaz, Rodrigo Agustín Molina Agüero y Enzo Gabriel Michel Cabanay fueron imputados por comercio de estupefacientes agravado. Paola Mercedes Aciar Aballay, Carlos Manuel Aciar y Jazmín Abigail Díaz quedaron señalados como presuntos partícipes secundarios, de acuerdo con las atribuciones formuladas por la Fiscalía.
Las defensas cuestionaron las medidas de coerción solicitadas y la solidez de las pruebas. Entre otros argumentos, sostuvieron que las transferencias bancarias no acreditaban por sí mismas la comercialización de drogas y señalaron que no se habían secuestrado cantidades significativas de estupefacientes en las viviendas de algunos de sus representados. También plantearon que los movimientos financieros atribuidos al martillero podían estar relacionados con su actividad profesional.
La jueza dispuso medidas de coerción alternativas para otros tres imputados, mientras que dos continuaron en libertad. Cabanay mantuvo la situación de coerción que ya tenía.
La investigación tendrá un plazo de 120 días hábiles para avanzar en el análisis de las pruebas y determinar las responsabilidades penales. Además, trascendió que hay más de una persona prófuga en el marco de la causa. Los involucrados mantienen su condición de imputados y su responsabilidad deberá establecerse en el proceso judicial.