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CEPA relevó 465 mil empleos menos, salarios por el suelo y ajuste récord
El reporte del Centro de Economía Política expone la caída del empleo formal, la precarización salarial y un fuerte ajuste estatal.
POR REDACCIÓN
En la antesala de la visita de Su Santidad León XIV al país —la primera de un pontífice en casi cuatro décadas—, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un riguroso documento técnico para poner en manos del Sumo Pontífice.
El informe detalla de manera minuciosa el impacto material del actual programa de gobierno sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad, estructurado en dos grandes ejes: el colapso del mundo del trabajo y de los ingresos, y la ejecución presupuestaria real de los organismos estatales que sostienen derechos básicos.
El desplome del empleo formal y el cierre de empresas
Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA revelan que, entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el tejido empresarial sufrió una contracción de 32.290 empleadores, lo que equivale a la baja de 33 empresas por día hasta totalizar 480.067.
Los rubros más castigados en términos absolutos fueron el comercio (con una pérdida de 9.132 empleadores), el transporte y almacenamiento (-7.043) y la industria manufacturera (-4.324).
En términos relativos, la mayor retracción la sufrieron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-18,1%) y el transporte (-17,8%).
Paralelamente, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo un 4,44%, representando una pérdida de 437.611 puestos formales (450 empleos menos por día).
Si se contempla el sector de casas particulares —que sufrió una caída de 28.200 empleadas, con casi 30 puestos menos diarios—, el total de empleo privado registrado se desplomó en 465.811 personas en dos años y medio, promediando una destrucción de 480 puestos diarios. Sectores clave como la industria manufacturera (-108.000 puestos) y la construcción (-81.089 puestos) lideran este retroceso.
Como correlato de esta dinámica, la tasa de desocupación abierta trepó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, con picos de hasta el 17,1% en jóvenes de 14 a 29 años, mientras que la informalidad laboral escaló al 45,0%, afectando a casi uno de cada dos ocupados.
Deterioro salarial
El poder adquisitivo de los ingresos fijos mantuvo un sendero de contracción persistente. Hacia agosto de 2026, los salarios registrados se ubican un 7,0% por debajo de los niveles previos al inicio de la gestión actual, con una caída acumulada del 15,3% en el sector público y de un drástico 35,7% en la Administración Pública Nacional.
En el ámbito previsional, el congelamiento del bono compensatorio en 70.000 pesos desde marzo de 2024 —cuando por actualización inflacionaria debería ascender a 226.875 pesos— profundizó el ahogamiento de los jubilados que perciben el haber mínimo, quienes acumulan una pérdida real del 19,2% frente al último trimestre de 2023.
Este cuadro de ingresos deprimidos empujó a los hogares a un endeudamiento generalizado para sostener el consumo cotidiano. Como resultado, la morosidad en el crédito bancario de las familias trepó al 12,8% en agosto de 2026, un registro récord que no se veía desde la crisis de 2001. La situación es aún más crítica en el financiamiento no financiero —proveedores y tarjetas comerciales—, donde la morosidad alcanzó un máximo histórico del 34,2%, superando con holgura los registros de la pandemia.
El ajuste presupuestario en áreas sensibles
La segunda parte del informe evalúa la ejecución real del gasto de la administración nacional a septiembre de 2026 en comparación con el mismo período de 2023, evidenciando recortes profundos en las estructuras de protección social:
Salud y Discapacidad: Se registran caídas reales del 73% en la Superintendencia de Servicios de Salud, del 36% en la ANMAT y de hasta el 53% en el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte, junto con la paralización total (-100%) de programas de atención territorial y prevención de enfermedades crónicas. La Secretaría Nacional de Discapacidad sufrió un recorte del 27%.
Seguridad Social y Niñez: La ejecución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se desplomó un 75%, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) cayó un 78,5%, y las pensiones no contributivas retrocedieron un 24%.
Ciencia y Educación: La Agencia I+D+i acusa una paralización con una caída del 90%, el CONICET experimenta un retroceso del 36%, y programas educativos críticos como Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el fortalecimiento de jardines infantiles presentan una ejecución nula (-100%). Las becas estudiantiles sufrieron un recorte del 85%.
Infraestructura y Obra Pública: La Dirección Nacional de Vialidad registra un desplome del 81,5%, mientras que múltiples programas de rutas nuevas, pavimentación, seguridad vial e infraestructura municipal muestran una paralización absoluta del 100%.
El informe concluye que el ajuste recae estructuralmente sobre los sectores más desprotegidos, interpelando a la deliberación democrática a colocar en el centro de la escena social a los jubilados, trabajadores informales, infancias, personas con discapacidad y comunidades indígenas en consonancia con la doctrina social de la Iglesia.