Caso Computadoras: inician sumario a dos jefes policiales en San Juan

La Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública (Secams) iniciará esta semana el sumario administrativo para investigar la actuación del comisario Juan José González y del subcomisario Juan José Valverde, ambos imputados en la causa penal que investiga la compra de computadoras, impresoras y tablets destinadas a la Policía de San Juan que fueron pagadas por el Estado, pero nunca llegaron a la fuerza y terminaron almacenadas en un depósito privado.

Según pudo confirmar DIARIO HUARPE a través de fuentes calificadas y oficiales, el procedimiento disciplinario avanzará en paralelo con la investigación penal que lleva adelante la Justicia provincial. Aunque ambos expedientes analizarán los mismos hechos, cada uno tiene objetivos diferentes, por lo que no existe obligación de que se desarrollen con los mismos tiempos ni concluyan al mismo momento.

Las mismas fuentes señalaron que, mientras se sustancie el sumario administrativo, González continuará desempeñándose como jefe de la Comisaría Buenaventura Luna, en Rawson, mientras que Valverde seguirá cumpliendo funciones en la Sección Bomberos D-9. La apertura del expediente interno no implica, por sí sola, el apartamiento de ninguno de los dos efectivos.

El procedimiento que llevará adelante la Secams consistirá en reunir toda la documentación interna vinculada con el caso, analizar las actuaciones administrativas y determinar si existieron incumplimientos a los deberes funcionales por parte de los policías investigados. Finalizada esa tarea, el organismo elaborará un informe que será elevado al jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, con una recomendación sobre la eventual sanción disciplinaria que pudiera corresponder.

Sin embargo, esa recomendación no será vinculante. La decisión final quedará en manos de Álvarez, quien tendrá la facultad de evaluar las conclusiones del organismo de control y resolver qué medida administrativa adoptar.

Cómo comenzó la investigación

La causa se remonta al 3 de enero de 2023, cuando la Secretaría de Seguridad era encabezada por Carlos Munisaga. El 5 de mayo de ese año, mediante un decreto, el Gobierno provincial adjudicó una compra por alrededor de 90 millones de pesos a la firma SCH, propiedad de María de Lourdes Quiroga Coll, para la provisión de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets destinadas a la Policía de San Juan.

De acuerdo con la investigación judicial, el 1 de junio de 2023 se firmó la recepción de ese equipamiento y el Estado efectuó el pago en tres desembolsos durante ese mismo mes. Sin embargo, tiempo después el entonces jefe de Policía advirtió que los equipos nunca habían ingresado a la fuerza. Más tarde, la propia Quiroga Coll reconoció en un escrito presentado ante Fiscalía de Estado que las computadoras, impresoras y tablets permanecían almacenadas en un depósito de Electro 3.

El 13 de mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la investigación debía continuar en la Justicia provincial. En la actualidad, Quiroga Coll está imputada por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, mientras que Juan José González, Juan José Valverde, el excomisario mayor Jorge Santoni y el ingeniero electromecánico Enzo Fava están acusados de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con el inicio del sumario administrativo, el Gobierno provincial buscará determinar si, además de las responsabilidades penales que eventualmente establezca la Justicia, existieron faltas disciplinarias que ameriten sanciones dentro de la fuerza policial.