Judiciales > Desvío de fondos
Computadoras policiales: parte de lo robado pertenecería a otra repartición
La pericia halló archivos de otra repartición y existen cinco personas imputadas por la millonaria maniobra estatal.
POR REDACCIÓN
La investigación judicial por el presunto fraude de 90 millones de pesos en la compra de equipamiento informático para la Policía de San Juan sumó una prueba determinante. Al peritar las memorias de las impresoras secuestradas, los técnicos descubrieron documentos pertenecientes al Ministerio de Educación. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que los aparatos no eran nuevos, sino que habrían sido retirados de otra repartición del Estado provincial.
El proceso administrativo, iniciado durante la gestión pasada con fondos nacionales, contemplaba la adquisición de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets que nunca llegaron a las comisarías.
El caso derivó de una presentación realizada por el exjefe de la fuerza, Luis Walter Martínez, quien solicitó que se investigue el destino de los elementos. La causa, liderada por el fiscal Roberto Ginsberg ante la jueza Flavia Allende, tiene a cinco personas imputadas por fraude e incumplimiento de deberes.
Entre los involucrados se encuentran María de Lourdes Quiroga Coll, exapoderada de la firma SCH Emprendimientos SAS, junto a Enzo Ariel Fava, Jorge Eduardo Santoni, Juan José Valverde y Juan José González.
Sobre el origen de los equipos, Quiroga Coll presentó una nota en el Tribunal de Cuentas el 4 de julio del año pasado indicando que "los bienes estaban almacenados en un depósito privado, ubicado en calle Estados Unidos 685 Sur, Capital, propiedad de la firma Electro3" para justificar su almacenamiento.
Sin embargo, las pericias técnicas revelaron que las computadoras eran "usadas" y no coincidían con las especificaciones del decreto. Los equipos carecían de la memoria RAM estipulada y poseían licencias de software instaladas apenas dos meses antes del hallazgo, pese a que figuraban como "entregadas" hacía más de un año. Ante esto, la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública, a cargo de Damián Villavicencio, confirmó la apertura de un sumario contra dos comisarios.
La Justicia otorgó un plazo de un año para profundizar la investigación. Mientras González continuará al frente de la Comisaría Buenaventura Luna y Valverde en la Sección Bomberos, la Fiscalía de Estado se sumó como querellante para defender los intereses provinciales. Se analiza si existen otras áreas gubernamentales vinculadas al destino original de los dispositivos hallados en el depósito capitalino a metros de avenida Hipólito Yrigoyen.