IPV: la realidad habitacional de las familias ganaría peso

Uno de los cambios conceptuales que plantea el proyecto de reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) es incorporar el llamado “principio de realidad” para definir situaciones vinculadas con los beneficios habitacionales.

En términos prácticos, la propuesta establece que, al otorgar, mantener o regularizar un beneficio, el organismo deberá mirar prioritariamente cómo vive realmente la familia y cuál es su situación social, económica y habitacional.

El criterio busca que una situación formal o registral no sea, por sí sola, la que determine si una familia tiene una necesidad de vivienda. El proyecto plantea que también se tenga en cuenta la buena fe de los ocupantes y la manera en que accedieron al inmueble.

La iniciativa incluso establece que determinados derechos contractuales o sucesorios no podrán utilizarse para desvirtuar el destino social de la vivienda. En esos casos, deberá priorizarse la ocupación efectiva y la necesidad habitacional, de acuerdo con los criterios que establezca posteriormente la reglamentación.

El proyecto vincula este criterio con otro principio que también incorpora: la finalidad social de los beneficios del IPV. Según el texto propuesto, las soluciones habitacionales deberán estar destinadas exclusivamente a atender necesidades sociales de vivienda y quedarán excluidos los fines especulativos, comerciales o de inversión.

El cambio tendría impacto no solamente al momento de otorgar una vivienda. El proyecto plantea que la situación real de la familia sea considerada también para mantener o regularizar un beneficio ya existente.

De aprobarse la reforma, el objetivo sería que la evaluación de una solución habitacional no quede limitada a documentos, títulos o registros, sino que contemple de manera prioritaria las condiciones concretas en las que vive la familia.