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Con la ley vigente, el gobierno de Milei jamás sancionó a Rockhopper y Navitas
Las empresas petroleras que buscan extraer hidrocarburos en Malvinas de manera ilegal, cuentan con un extenso antecedente de 2012 y 2022 con reiteradas sanciones económicas.
POR REDACCIÓN
Entre 2012 y 2022, la República Argentina sancionó reiteradas veces a las firmas petroleras Rockhopper Exploration (Gran Bretaña) y Navitas Petroleum (Israel), las cuales llevan adelante la búsqueda de petróleo bajo el mar al norte de las islas Malvinas. En todos los casos, las autoridades aplicaron el régimen de la ley 26.659 (sancionada en 2011), que prohíbe la exploración y explotación petrolera en Malvinas sin permiso oficial de la Secretaría de Energía.
A pesar de que ambas empresas continuaron con su actividad, desde que asumió en diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei no las ha sancionado ni buscado poner en práctica los castigos anteriores. Recién emitió una comunicación en diciembre de 2025 ante un hecho trascendental: el anuncio de que ponían en marcha el proceso para empezar la producción en el yacimiento Sea Lion en marzo de 2028.
En su discurso reciente, por cadena nacional, el presidente anunció que firmará un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios de la ley, aunque sin aclarar cómo logrará ese objetivo que depende de su propia voluntad política.
Antecedentes y sanciones a Rockhopper
El historial punitivo comenzó en junio de 2012, cuando la Secretaría de Energía publicó la Resolución 133/2012 declarando "ilegales y clandestinas" las actividades de Rockhopper en la Cuenca de Malvinas Norte. Posteriormente, en agosto de 2013, la Resolución 456/2013 le impuso la pena máxima: inhabilitación para operar en Argentina por 20 años e inscripción en el registro de empresas inhabilitadas.
Años después, en julio de 2015, el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego) ordenó un embargo preventivo por más de 156 millones de dólares sobre bienes y buques de petroleras británicas e internacionales que operaban clandestinamente, incluyendo a Rockhopper y a su entonces socia Premier Oil, las cuales habían contratado la plataforma Eirik Raude.
El caso de Navitas Petroleum
Por su parte, el Estado argentino sancionó a Navitas Petroleum de manera más reciente, luego de que pagara su derecho de operar en suelo malvinense recién en febrero de 2020.
En julio de 2020, la Secretaría de Energía inició un procedimiento administrativo tras un acuerdo comercial de la firma en el proyecto Sea Lion sin autorización. Más tarde, en abril de 2022, el gobierno declaró ilegales sus actividades y le aplicó la inhabilitación por 20 años para operar en todo el territorio argentino mediante la Resolución 240/2022.
La postura de la actual administración
En este escenario, la única acción del gobierno de Javier Milei se registró en diciembre de 2025, dos años después de iniciado su mandato, cuando expresó su "más enérgico rechazo" ante la Decisión Final de Inversión (FID) de las petroleras.
A través de un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo advirtió que quienes intervengan en estas actividades quedarán expuestos a medidas administrativas, legales y judiciales, ratificando que el país se reserva el derecho de impedir el desarrollo de estos emprendimientos ilegales para salvaguardar sus intereses soberanos.
Fuente: Tiempo Argentino.