Condena de hasta nueve años a la banda narco que operaba desde el Penal

La Justicia Federal de San Juan cerró el capítulo judicial contra una organización que logró borrar los límites entre la cárcel y el exterior. En un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, se dictaron sentencias que oscilan entre los 9 y los 3 años de prisión para los nueve integrantes de una red narcocriminal. El grupo tenía una particularidad logística: sus cabecillas coordinaban la venta de estupefacientes mientras cumplían condena en el Penal de Chimbas.

Luis Alberto Garipe, Héctor Leonardo Guiñez y Raúl Horacio Vargas fueron señalados como los cerebros de la operación. Desde su pabellón, este tridente dirigía los movimientos de droga apoyándose en una estructura externa conformada por parejas y allegados. El golpe más grande de la banda fue el intento de ingresar 115 kilos de marihuana desde el norte del país, ocultos en un camión cargado con madera que fue interceptado en el departamento 25 de Mayo.

La investigación judicial, iniciada en abril de 2024, sumó un componente polémico con la participación de Ángel Carlos Garay. El empleado municipal quedó implicado al trasladar la mercadería en un vehículo oficial del Estado. Al momento de defenderse, el trabajador afirmó que "desconocía el contenido de los bolsos" que transportaba en los bultos detectados por las fuerzas federales.

Tras el acuerdo entre las partes, las condenas más pesadas recayeron sobre los líderes debido a la unificación con sus antecedentes. Garipe recibió un total de 9 años de prisión, mientras que Vargas y Guiñez terminaron con 8 y 6 años respectivamente. En cuanto al resto de los involucrados, Angélica Falcón y Pablo Castillo fueron sentenciados a 6 años, Ricardo Garay a 3 años y 10 meses, y Cristian Javier Latorre a 3 años. Por su parte, Marcela Verónica Reputó y Melisa González recibieron penas de 3 años de ejecución en suspenso.

El operativo conjunto terminó con una red que operaba en tres líneas delictivas diferentes pero que convergían en un mismo centro de mando tras las rejas. Entre los pedidos especiales tras la sentencia, Latorre solicitó ser trasladado a Mendoza y Castillo pidió cumplir su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.